Cuando todos esperaban las resoluciones que ratifiquen a los fiscales de los casos 'Los cuellos blancos del puerto' y 'Lava Jato', una publicación en el diario El Peruano sorprende a los sectores que defienden los derechos de los trabajadores: el Decreto Supremo Nº 345-2018-EF llamado "Política Nacional de Competitividad y Productividad" (PNCP).
El presidente Martín Vizcarra y su ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, decidieron acabar el 2018 con esta medida. El Gobierno afirma que esta política nacional tiene el objetivo de impulsar un crecimiento económico "alto y sostenido" para elevar el "bienestar de la población" en el mediano plazo. Dice también que tienen al ciudadano "en el centro del esfuerzo del diseño de las políticas públicas".
Los nueve "objetivos prioritarios" que tiene la llamada "Política Nacional de Competitividad y Productividad" son los siguientes:
• 1.- Infraestructura: Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, mediante esfuerzos orientados a la planificación y priorización eficiente de la infraestructura. Incorpora un enfoque territorial orientado al aprovechamiento eficiente de las ventajas comparativas del país.
• 2.- Capital Humano: Fortalecer el capital humano, priorizando la optimización de los servicios para el fortalecimiento de capacidades y para la certificación de competencias laborales.
• 3.- Innovación: Generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas.
• 4.- Financiamiento: Impulsar mecanismos de financiamiento local y externo, mediante la generación de instrumentos financieros acordes a las necesidades empresariales.
• 5.- Mercado Laboral: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal.
• 6.- Ambiente de Negocios: Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo, a través de la simplificación administrativa y la mejora de los instrumentos de desarrollo productivo y de asociatividad.
• 7.- Comercio Exterior: Facilitar las condiciones para el comercio exterior, mediante el desarrollo de una oferta exportable diversificada y competitiva.
• 8.- Institucionalidad: Fortalecer la institucionalidad del país, mejorando el servicio de administración de la justicia, articulando medidas que promuevan la integridad pública y faciliten la lucha contra la corrupción.
• 9.- Medio Ambiente: Promover la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas, mediante la promoción de la economía circular en los mercados.
El Ejecutivo resalta haber elaborado esta política con la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y en coordinación con los ministerios y entidades de los sectores público y privado, así como de "la academia" en distintas reuniones de trabajo. Además, para la implementación del plan, incluye también al "Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización" del MEF. Lo que llama la atención es que en ningún momento menciona al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) o al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), ambas instituciones que tienen que ver en este tema, ya que se realizarán modificaciones a la legislación laboral.
En las últimas semanas, diversos especialistas venían advirtiendo de una "reforma antilaboral" que llegaría a través de esta política que ha sido aprobada hoy 31 de diciembre del 2018. En una entrevista en LaMula.pe, el economista Farid Matuk afirmó que esta reforma era "un fraude" porque los indicadores en los que se basan ubican al aspecto laboral en el séptimo lugar de problemas a resolver para mejorar la competitividad, lo cual revela que no es lo más importante, sino que hay otros seis temas a resolver antes de ese.
"Hay un interés absolutamente crudo para aumentar las ganancias reduciendo los costos de la mano de obra", afirmó el economista.
Por su parte, el abogado Javier Neves afirmó que no es cierto que los costos laborales en Perú sean muy altos, como sostiene el Gobierno y la clase empresarial.
"¿Cuál es el costo salarial global por país? Las cifras dicen que Perú no llega a 7 mil dólares por año por trabajador y el promedio latinoamericano es 9 mil 800 dólares. Las remuneraciones peruanas están muy por debajo del promedio latinoamericano, incluyendo gratificaciones y compensación por tiempo de servicio. Y si consideramos remuneración mínima y canasta básica, tenemos uno de los sueldos más bajos y una de las canastas más altas".
"Esta es una respuesta a quienes dicen que en Perú tenemos costos laborales altos, esa afirmación es manifiestamente falsa", agregó el abogado.
Según advirtieron estos especialistas, entre los cambios más importantes y que más afectarían a los trabajadores están la disminución de los días de vacaciones y la flexibilización de los despidos.
Recordemos que el abogado Christian Sánchez renunció a ser ministro de Trabajo en medio de presiones empresariales para ejecutar esta política nacional de "competitividad y productividad". Luego que el presidente de Consejo de Ministros, César Villanueva, afirmara ante empresarios en la CADE que Perú tenía muchos días de vacaciones, Sánchez dijo que él se mantenía en su puesto y que cualquier medida que afecte los derechos de los trabajadores debería ser consultado y aprobado a través del CNTPE. Días después, se hizo oficial su renuncia.
- Lee el Decreto Supremo completo aquí.
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