Con "carácter de urgencia". Así pidió el Ministerio Público al Congreso una copia del informe en minoría presentado en la Comisión Lava Jato que incluye a Alan García y recomienda investigarlo por las presuntas irregularidades cometidas en su último gobierno relacionadas con la trama corrupta de Odebrecht.
La solicitud ya fue remitida al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por el fiscal Marcos Arévalo, titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
En su pedido, el magistrado alega que la documentación solicitada "contribuirá con el esclarecimiento de los hechos materia de investigación". La solicitud también fue suscrita por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
El informe en minoría que presentaron los miembros no fujimoristas ni apristas de la Comisión Bartra es clave para la investigación que se le sigue al líder del Apra en la fiscalía por lavado de activos en la modalidad de organización criminal. García precisamente acaba de denunciar al fiscal José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo la indagación en su contra por el caso Odebrecht.
El citado documento presentado por el parlamentario del Frente Amplio Humberto Morales señala en sus conclusiones que se debe investigar al expresidente García por la emisión de decretos irregulares que favorecieron a Odebrecht, que admitió haber pagado más de US$ 24 millones en sobornos para adjudicarse las obras del Metro de Lima.
En concreto, este documento, de 514 páginas, señala que Alan García, junto con algunos exministros de su última gestión e incluso congresistas aún en funciones, cometieron infracciones constitucionales al haber creado un 'marco de legalidad' irregular con la emisión de decretos de urgencia y decretos supremos relacionados a los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, IIRSA y los Proyectos Olmos y Alto Piura para favorecer intereses privados.
El informe en minoría concluye que esos dispositivos legales facilitaron que las empresas brasileñas ejecuten obras sobrevaloradas en detrimento del erario nacional. En total, el documento señala 383 decretos de urgencia, "hecho que evidenciaría una anomalía del Poder Ejecutivo, debido a que su función no es legislativa".
En noviembre del año pasado, la comisión Lava Jato del Congreso, que presidió la fujimorista Rosa Bartra, aprobó su informe en mayoría en el que se recomendó solo investigar a los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como a la exprimera dama Nadine Heredia; y a Susana Villarán y Luis Castañeda, entre otros, pero limpió a Alan García y Keiko Fujimori, el primero con impedimento de salida del país y la segunda bajo prisión preventiva.
A raíz de ello, el legislador Morales presentó un informe en minoría en el cual sí se recomendaba investigar a García, pero sus conclusiones no se tomaron en cuenta en el Pleno del Congreso, que aprobó el informa en mayoría de Bartra.
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