Estaba cantado. La Comisión de Constitución del Congreso de la República, que preside la fujimorista Rosa Bartra, votará este martes su opinión consultiva sobre el pedido de levantamiento de la inmunidad de arresto contra el legislador Edwin Donayre (Alianza para el Progreso), sentenciado en primera instancia a cinco años y seis meses de prisión por el presunto delito de peculado por el caso 'gasolinazo' en agosto del 2018.
Pero, ¿qué dice del informe, que fue solicitado en diciembre pasado por la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria? Que la inmunidad parlamentaria de proceso y de arresto son garantías de carácter procesal y prerrogativas del Congreso de la República.
El documento, al que tuvo acceso La República, menciona además que el Artículo 16 del Reglamento del Congreso, enfocado en el levantamiento de la inmunidad de proceso, se puede aplicar a las solicitudes de levantamiento de la inmunidad de arresto, como en el caso Donayare.
Pero luego agrega en el pedido de levantamiento de la inmunidad de arresto para ejecutar una condena, "lo coherente normativa y constitucionalmente es que la condena sea firme"; es decir, que haya una sentencia en segunda instancia, lo cual favorece al referido legislador. Esto pese a que la propia Corte Suprema precisó, en noviembre del año pasado, que la sentencia condenatoria contra Donayre "no tiene efecto suspendido", es decir, no requiere de segunda instancia para su ejecución.
Por ello es que la Comisión Bartra hace una acotación en su informe, que refiere que cuando no se cuente con sentencia firme corresponderá pedir una precisión o aclaración al Poder Judicial, una suerte de "control previo que verifique que el proceso o arresto se funda solo en motivación de carácter legal 'y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria'".
En ese contexto, agrega el documento, si la respuesta del Poder Judicial es insistir con la solicitud, "se ejecutará el pedido de levantamiento de la inmunidad, bajo responsabilidad constitucional y legal de los jueces que la solicitan".
"El Poder Judicial tiene competencia exclusiva para determinar si corresponde ejecutar una sentencia que carece de la condición de firme, asumiendo, en su caso, la responsabilidad constitucional y legal que corresponda".
Opinión no es vinculante
En 5 de febrero último, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, que preside Luciana León (Apra), aprobó, a solicitud del fujimorismo y solo con sus votos, esperar la opinión de la Comisión de Constitución sobre el Caso Donayre.
Pero los integrantes de ese grupo acordaron que el informe con la postura de la Comisión de Constitución no es vinculante para decidir si se levanta el fuero del exgeneral del Ejército y congresista de APP para que cumpla su sentencia.
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