La Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedentes las seis denuncias contra el ahora ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, según los informes de calificación que fueron entregados a los miembros de este grupo el viernes y que empezarán a ser serán debatidos en la sesión de este lunes 14.
Así, las acusaciones constitucionales pasaron el primer filtro en el Congreso. Tras el debate referido, se votará para definir si se admiten y, de ser aprobadas, pasan a la Comisión Permanente, que deberá fijar un plazo para la investigación, según El Comercio, que no podrá exceder los 16 días.
Al respecto, el presidente de la subcomisión, el fujimorista César Segura, que se había negado a poner en agenda las denuncias, dijo que el equipo técnico cumplió con entregar los informes de calificación para que los congresistas lo estudien este fin de semana.
Para el vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, miembro del subgrupo, se mostró a favor de acumular todas las denuncias contra Chávarry, al ser estas parecidas. "Podría ayudar a debatir y definir más rápido la suerte del denunciado", alegó.
Según Segura, este último punto se podría acordar en la sesión del lunes. "Si es así, ese acuerdo se envía a la Comisión Permanente para que sea ella la que autorice la acumulación y nos fije el plazo máximo de investigación", precisó a El Comercio.
El legislador fujimorista sostuvo que la aprobación de las denuncias contra Pedro Chávarry en el Pleno del Congreso —que implicaría su destitución como fiscal supremo y su salida definitiva del Ministerio Público— tomaría más de un mes, ya sean que se debatan por separado o acumuladas en una sola.
Las seis acusaciones constitucionales versan sobre tres ejes: i) el presunto nexo del ex fiscal de la Nación con 'Los cuellos blancos del puerto'; ii) sus notas que habrían sido adulteradas, su ratificación cuestionable en el desactivado CNM y el presunto plagio de su tesis; iii) también se le imputa a Chávarry el delito contra la tranquilidad pública-organización criminal y encubrimiento real, así como por infracciones a la Carta Magna.
En algunas de las denuncias fueron incluidos los fiscales supremos Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez y los jueces supremos Aldo Figueroa, Martín Hurtado, Duberlí Rodríguez y Ángel Romero.
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