En un contexto de presiones de la clase empresarial y de algunos miembros del Ejecutivo para imponer una reforma que recortaría los derechos de los trabajadores, la abogada Sylvia Cáceres asumió la cartera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). A continuación, veremos algunos puntos clave para entender lo que se podría venir en el sector.
¿Cómo llega Cáceres al Mintra?
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Entra en reemplazo del abogado Christian Sánchez, quien renunció luego de semanas en las que se voceaba su salida por la reforma antilaboral en la que él no estaba de acuerdo. A fines de noviembre, el semanario 'Hildebrandt en sus trece' alertó que su salida era inminente para que, ya sin Sánchez, el Gobierno pueda llevar a cabo los cambios que los empresarios piden.
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La primera semana de diciembre se llevó a cabo la CADE Ejecutivos y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, dijo, ante empresarios, que en Perú hay muchos días de vacaciones (30).
En ese contexto, el rumor sobre la posible renuncia de Sánchez se hizo más fuerte, pero él salió a negarlo y dijo que cualquier reforma se tenía que discutir en el Consejo Nacional del Trabajo, donde se encuentran representantes de todos los sectores: trabajadores, empresarios y Estado. Sin embargo, días después terminó presentando su carta de renuncia.
La tragedia de Las Malvinas
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Tomaremos en cuenta aquí su experiencia en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), donde estuvo desde febrero del 2017 hasta mayo de este año. En junio del 2017, ocurrió un lamentable incendio en las Galerías Nicolini de Las Malvinas (La Victoria), donde cuatro jóvenes perdieron la vida, ya que trabajaban encerrados en contenedores metálicos.
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Esto nos mostró la peor cara de la explotación laboral, las pésimas condiciones de trabajo que se viven en Perú y la casi nula fiscalización laboral. Ante ello, en su momento averiguamos: ¿Qué había hecho la Sunafil?
Nos enteramos que con la llegada de Cáceres a la Sunafil, se desactivó una estrategia de fiscalización que pudo haber evitado esa tragedia. Se trataba del Plan Cuadrante Inspectivo (PCI).
En mayo del 2015, este plan se inició como un piloto en el distrito de La Victoria. En ese momento, la Sunafil explicaba en su página web:
"La metodología del Cuadrante Inspectivo se basa en la sectorización por manzanas del ámbito distrital, sobre la base de la información cartográfica suministrada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática".
En agosto de ese mismo año, se aprobó la implementación de este plan de fiscalización laboral. En enero del 2016, la Sunafil y la Municipalidad de La Victoria presentaron un balance de la aplicación del PCI: se identificaron 2,971 establecimientos que no estaban registrados en la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y se realizaron 4,036 acciones de orientación.
A pesar de estos buenos resultados, en febrero del 2017, con la llegada de Cáceres, este plan entró en revisión y fue finalmente suspendido. Cuando se hizo público esto, la ahora ministra de Trabajo justificó la decisión de no seguir aplicando el PCI. En declaraciones a RPP, dijo que eso solo "era una experiencia piloto, que se focalizaba no en la micro ni pequeña empresa, sino en la mediana y gran empresa".
Cáceres intentó defender la cancelación de este plan afirmando que:
"la evidencia arrojó que cuando un inspector de trabajo, iba puerta a puerta y se encontraba con una micro empresa, el inspector le terminaba diciendo al empresario que no podía fiscalizarlo porque no tenía competencia y pasaba a la otra empresa de al lado que sí era mediana o gran empresa".
Lo más sorprendente llegó cuando dio a entender que esa forma de fiscalizar era un desperdicio de recursos:
"Y eso generaba no solo dispendio de recursos innecesarios, sino además una señal de impunidad y de total desprotección a ese trabajador que sí se encontraba laborando en la micro empresa".
Sin embargo, el video institucional de la Sunafil en la que se daba cuenta del PCI decía lo contrario: que sí estaba dirigido a micro y pequeñas empresas. En ese momento, Cáceres intentó defender la desactivación de un plan de fiscalización laboral, que pudo haber evitado una tragedia y proteger a los trabajadores que estaban en estado de desprotección y a merced de los empleadores que son capaces de encerrarlos.
¿Y quién protege a los fiscalizadores?
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En Perú, suceden casos extraños: los encargados de fiscalizar que se respeten los derechos y se cumplan las condiciones óptimas y legales de trabajo, denuncian que el Estado no les cumple con sus beneficios laborales.
Justo en el momento que ocurrió la tragedia de Las Malvinas, los inspectores de la Sunafil protestaban por el incumplimiento del pago de los bonos que les corresponde y pedían la contratación de más fiscalizadores para poder cumplir con su labor. A nivel nacional, solo habían 18 supervisores, 100 inspectores de trabajo y 275 auxiliares, cuando en realidad eran necesarios 2,000 inspectores para qu la Sunafil pueda cumplir de manera efectiva con sus funciones. Además, no había ningún inspector en Loreto, Tumbes, Tacna, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Apurímac, Puno, Moquegua, Amazonas, Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y San Martín.
Si bien finalmente, los fiscalizadores laborales llegaron a un acuerdo con el Mintra y con la Sunafil, y el Estado anuncio que se iban a duplicar el número de inspectores para este 2018, es necesario fortalecer aún más la fiscalización laboral en Perú para proteger a los trabajadores y no evitar más accidentes o muertes por condiciones precarias de trabajo.
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¿Qué pasará ahora?
En entrevista con LaMula.pe, el abogado laboralista Javier Neves consideró que Sylvia Cáceres tiene una disposición al diálogo, que es más moderada. Dijo no esperar que ella asuma una oposición a la reforma, pero sí que trate el tema con cautela para que las propuestas se mediten y se conversen antes de que se implementen. Lo que sí tiene claro el laboralista, es que si se llega a aplicar, tal cual pide la clase empresarial, esto generará conflictos sociales.
"Una implementación llevaría a un conflicto social y político intenso, en eso los empresarios están siendo sumamente irresponsables, están empujando a Vizcarra a que tome decisiones impopulares que le van a hacer caer en su aprobación y luego cuando esté en el suelo, van a dejar que lo vaquen, a ellos no les importará y en el 2021 votarán por el fujimorismo, como lo han hecho siempre. El Presidente debe tener cuidado con quiénes lo impulsan y a qué". dijo.
Por su parte, el economista Farid Matuk ve poco probable que el Gobierno se atreva a aplicar estos cambios en la legislación laboral.
"Tengo la impresión de que el Gobierno no se va a comprar mucho el pleito de la reforma laboral. Hay un gran nivel de abuso con la cuarta categoría, hay una adulteración, pagan como de cuarta pero en realidad son de quinta. Si una persona trabaja 8 de 12 meses en una empresa, automáticamente pasa a quinta, pero hacen una farsa, los contratan todos los meses como cuarta".
Esperamos que la nueva ministra de Trabajo no desactive ningún plan de fiscalización laboral y, por el contrario, fortalezca a la Sunafil. Además, que cumpla lo que su antecesor prometió: que cualquier cambio o reforma laboral se debe decidir a través del Consejo Nacional del Trabajo, de la cual justamente ella fue secretaria técnica.
Los cambios que pide la clase empresarial es: reducir el número de días vacaciones y anular el derecho a reposición por despido arbitrario.
Como sostiene el especialista Javier Neves Mujica, lo que se pretende es legalizar la informalidad bajo el supuesto de que esta es la única forma de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento económico. Se espera que, en caso el gobierno de Martín Vizcarra decida hacer caso a los empresarios y aplicar la reforma antilaboral, se realicen protestas en las calles.
Sylvia Cáceres es abogada por la PUCP y tiene un máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca (España). Fue viceministra de Trabajo entre agosto del 2012 y diciembre de 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala. También, fue jefa de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) entre febrero de 2017 y abril de 2018. Entre otros cargos, ha sido secretaria general de EsSalud y asesora de la gerencia del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana.
[Foto de portada: Andina]
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