Este sábado 24 de noviembre ya se cumple una semana del pedido asilo político solicitado por el expresidente Alan García a Uruguay, bajo el pretexto de una persecución política que han descartado las autoridades peruanas del Ejecutivo y jurisdiccionales, por un lado, hasta organizaciones civiles y multilaterales como la ONU, por el otro.
Hace siete días exactamente también que el líder aprista entró a la residencia del embajador uruguayo en Lima, en busca de evadir la justicia. Lo hizo horas después de que el Poder Judicial ordenara su impedimento de salida del país por 18 meses, pese a que dijo que se allanaba a la medida y que colaboraría con la investigación por colusión agravada y lavado de dinero que le imputa la fiscalía, luego de recibir nueva información que lo vincula a la trama corrupta de Odebrecht en el Metro de Lima y evidencia un pago oculto de la constructora con dinero sucio.
Desde entonces, la agenda del país ha girado en torno a la solicitud de García y a la decisión que vaya a tomar el gobierno de Uruguay, que tiene una larga tradición de asilos, pero que en este caso la mayoría de políticos de la república oriental, tanto del oficialismo como de la oposición, no ven justificación para acceder al pedido del expresidente peruano acusado de corrupción.
Cronología
17 de noviembre de 2018
El juez Juan Sánchez Balbuena aprobó el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Alan García, investigado por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato las obras de la Línea 1 del Metro de Lima durante su último gobierno (2006-2011).
"Dice el señor (Carlos) Nostre, pero (Jorge) Barata me dijo que hiciera una anotación de veinte millones, entonces dicen, veinte millones menos ocho que le dieron al viceministro, los otros deben ser de Alan García… ¡demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo!", dijo García ese mismo día, desafiante, pero nervioso y fastidiado.
Quizá porque en el fondo sabe que hay rastros y evidencias de que también recibió dinero negro de los brasileños. Y la fiscalía ya tiene en su poder nueva información —documentos y testimonios— sobre un pago de US$100 mil por una conferencia que Alan García ofreció en mayo del 2012 en Sao Paulo, con fondos de la Caja 2 de Odebrecht, de donde salía el dinero sucio para las coimas y campañas políticas en lo países en los que operaba, pero que la constructora ocultó a través de uno de sus testaferros, en este caso el estudio de abogacía Spinola, a cambio de US$15 mil de honorarios.
Ese mismo día por la noche, luego de jurar en público que se allanaba a la medida judicial, al señalar incluso que "para mí no es un ningún castigo o deshonor estar permanentemente en mi patria", ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima y pidió asilo al gobierno de ese país, y lo hizo a sabiendas de que el efecto de su huida sería devastador para su ya mermada credibilidad y que marcaría —ahora sí— el fin de su accidentada vida política, signada por escándalos de corrupción.
18 de noviembre de 2018
La Cancillería confirmó que el exmandatario solicitó asilo conforme a lo dispuesto por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que son parte Perú y Uruguay. Pero este estatuto es claro: la figura no aplica para imputados por delitos comunes, como lo son la colusión y el lavado de dinero, por los que García Pérez es investigado.
Además, el presidente Martín Vizcarra se comunicó con su par de Uruguay, Tabaré Vásquez, para anunciarle que Perú enviaría en breve toda la información sobre la situación real del exmandatario aprista, y le recordó el compromiso regional que firmó en Lima el gobierno de Uruguay, en el marco de la Cumbre de las Américas, para la lucha frontal contra la corrupción.
19 de noviembre de 2018
A través de un comunicado, la Presidencia de Uruguay informó que decidirá el asilo de Alan García luego de recibir información procedente del Gobierno del Perú. No dio fechas ni plazos, solo indicó que tomará una decisión en un tiempo prudencial.
En paralelo, empezaron a escucharse las voces, tanto oficialista como opositoras en Uruguay, respecto a la solicitud del mandatario peruano. La mayoría de sectores políticos de ese país, coincidían en que en el caso de García no existen elementos para concluir que, en efecto, es un perseguido político como alega. A la misma conclusión llegaron en el Perú gran parte de los políticos y expertos en la materia.
20 de noviembre de 2018
El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano convocó al embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, para entregarle una nota diplomática a través de la cual recalcó que en el Perú no hay persecución política de ningún tipo. La comunicación fue acompañada de un documento explicativo sobre la situación legal y judicial de Alan García, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
21 de noviembre de 2018
La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, señaló que su país analizará con “prolijidad” el pedido de asilo de García. En paralelo, en una carta dirigida a la opinión pública, el expresidente peruano insistió en ser víctima de una persecución política, que el objetivo es encarcelarlo para humillarlo y que las acusaciones en su contra se basan en “rumores” y “especulaciones”.
22 de noviembre de 2018
Congresistas del Frente Amplio peruano se reunieron con representantes políticos del Frente Amplio de Uruguay, la coalición que gobierna Uruguay desde 2005, y del principal partido de la oposición –el Partido Nacional–, en la capital Montevideo, para explicarles que no existe persecución política en el Perú.
"El caso de Alan García no es el de alguien perseguido por sus ideas políticas, él está siendo investigado por corrupción. En principio, la Convención de Caracas no aplica. Entendemos que la historia del Estado uruguayo sea de conceder el asilo, pero el problema es el asilo a quién: a perseguidos políticos está bien, no a quienes están ante un hecho de delincuencia común", dijo el legislador peruano Marco Arana.
23 de noviembre de 2018
Legisladores del Partido Aprista (al que pertenece Alan García) sostuvieron un encuentro con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, en la ciudad de Montevideo. El congresista Jorge del Castillo también invocó la Convención de Caracas, pero para señalar la legitimidad del pedido de asilo.
"Estamos ante hechos que califican para ello. Esto está contenido tanto en la Convención de Caracas (artículo 54) como en la Carta de Constitución del Perú, artículo 36. No está Alan García en ninguna de las causales de impedimento para el asilo. El tratado dice que no procede cuando está inculpado, procesado, pero acá no hay ningún proceso, hay una investigación previa. Eso hay que distinguirlo nítidamente", alegó.
"Detrás de las personas que tienen a su cargo la investigación judicial hay una mano del gobierno peruano. El gobierno uruguayo tiene que tomar sus decisiones con objetividad, como sabemos que lo hará, haciéndole honor a su tradición democrática", insistió Del Castillo.
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