Luego de que el fiscal José Domingo Pérez pusiera en evidencia los conflictos de intereses del abogado de la cúpula fujimorista, Humberto Abanto Verástegui, en las audiencias en la que sustenta el pedido de 36 meses de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori y otras 11 personas, los reflectores se posaron sobre él.
Aunque ha negado alguna irregularidad, en el Congreso pedirán que se investigue los servicios de asesoría constitucional que ofreció a la Oficina de Defensa de Leyes del Parlamento, despacho que dirige el tesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, quien también es investigado por lavado de activos de Fuerza 2011 en el caso Odebrecht.
Por sus servicios, el mismo Abanto confirmó que recibió 132 mil soles, en pagos fraccionados de 33 mil soles, desde el 20 de julio pasado, o sea, en la gestión de Luis Galarreta como presidente del Congreso. "Fui contratado por la Oficina de Defensa de Leyes para asesorar y hacer informes en casos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", dijo en radio Exitosa el abogado, quien además ha participado como árbitro en laudos que favorecieron a Odebrecht.
Fueron tres casos en los que Abanto asesoró al Congreso. "En el primer caso, en el tema de la no reelección de alcaldes y gobernadores regionales. El segundo, es la Ley de Publicidad Estatal (ley Mulder) y el tercero es en la cuestión de confianza", agregó el abogado fujimorista.
El congresista Richard Arce, de Nuevo Perú, dijo que las suspicacias nacen del pago por partes que recibió Abanto por sus servicios, con lo que el fujimorismo se evitó de convocar a un concurso público o licitación, y este abogado pudo ser contratado a dedo y recibir los S/ 132 mil en cuatro pagos de S/ 33 mil cada uno: el primero el 20 de julio, luego otro el 23 de agosto, y los dos restantes el 13 y 17 de setiembre.
Arce sostuvo que que la cifra total que el Congreso le pagó a Abanto supera las 8 UIT, por lo que se debió convocar a una licitación pública. Así lo confirmó además la directora técnico-normativa de la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE), Patricia Seminario Zavala, en La República.
"Está prohibido en la medida que el fraccionamiento se haya hecho para partir un requerimiento que no haya hecho desarrollar un proceso más completo como licitación o concurso público", dijo la funcionaria, al hacer referencia al artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Por ello, el parlamentario Arce anunció que este lunes remitirá a la Oficialía Mayor un oficio para que se investigue la contratación de Abanto, porque habría violado la Ley de Contrataciones del Estado. "Las sanciones pueden ser hasta penales", dijo el legislador de Nuevo Perú, luego de advertir que el abogado fujimorista además no cumplía con los requisitos de selección, porque su especialidad no es el la del derecho constitucional, como lo requería el Congreso.
"Todo sigue sumando a la sospecha. Hay que recordar que el poder acá en el Congreso lo tiene Fuerza Popular a través de la Mesa Directiva".
'Dime a quién defiendes y te diré quién eres'
Pero este no es el único cuestionamiento sobre Abanto Verástegui, quien además es investigado por el Equipo Especial del Ministerio Público por el caso Lava Jato, en el que se le acusa de corrupción y lavado de activos (el mismo cargo por el que defiende a la cúpula de Fuerza Popular), al fallar a favor de Odebrecht en procesos de arbitraje que generó perjuicio al Estado entre el 2012 y el 2013, reveló el portal Ojo-Público.
El abogado de los principales asesores de Keiko Fujimori es además defensor de Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila, exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), investigados por el parte del tinglado de la mafia llamada 'Los cuellos blancos del puerto'.
Abanto también es el abogado del gobernador del Callao, Félix Moreno, otro de los investigados por el caso Odebrecht, y en 2003 fue vinculado a negocios oscuros del clan de los Sánchez Paredes, según la Dirandro, por lo que la fiscalía incluso lo investigó en 2008, de acuerdo con el mismo portal.
En el 2011, Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, declaró que había entregado US$5 mil para la campaña del expresidente Alan García en el 2006, aporte que fue solicitado por Abanto Verástegui, pero que no fue reportado por el Apra, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Luego de conocerse esta declaración, Alan García dijo que devolvería ese dinero, que le pidió a Abanto para financiar un viaje de campaña al interior del país. Así y todo, el hoy abogado fujimorista negó haber sido el intermediario.
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Abogado de cúpula fujimorista admitió que cobró más de 132 mil soles como proveedor del Congreso
