Se pone de lado. Al menos eso dice Keiko Fujimori respecto a la decisión que tomará su bancada, Fuerza Popular, luego de que el presidente Martín Vizcarra observó la ley que permite la liberación de presos mayores de los 65 años, que se aprobó en el Congreso al caballazo, sin debate ni análisis, con el objetivo de evitar que Alberto Fujimori vuelva a la cárcel luego de que el Poder Judicial revocó el indulto que recibió en diciembre pasado.
"Habría que revisar las observaciones que le han hecho a la autógrafa y lo que ahora corresponde es que esto reingrese nuevamente al Congreso y serán los propios congresistas y las distintas bancadas las que verán si deciden allanarse a las observaciones o insistir con el proyecto inicial", dijo al respecto la dos veces candidata presidencial, quien es investigada por lavado de activos por los aportes presuntamente ilegales a su campaña y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva que aún no resuelve el Poder Judicial.
Entre los argumentos que alegó al despacho presidencial para la observación de la norma, que ya fueron remitidos al Congreso, se señala que el Legislativo no tuvo en cuenta que con la norma aprobada se afecta la competencia del juez, quien es el que debe decidir la libertad de las personas, según la Constitución, por lo que se subraya que el INPE "es un organismo ejecutor, no decisorio".
También se alega que la ley tiene "nombre propio", por lo que, dice el Ejecutivo, no es posible argüir criterios etarios o de discapacidad para flexibilizar prohibiciones, en tanto hayan delitos graves. "No es posible admitir medidas de egreso anticipado que alcancen a grupos extremadamente reducidos", se lee en el oficio, que ingresó a mesa de partes del Parlamento a las 9.01 de esta mañana.
En ATV, Keiko Fujimori sostuvo que la norma no busca acortar una condena, sino que se cambie la forma del cumplimiento de la pena, "beneficiando a muchas personas no solo a mi padre".
Sobre su situación legal
En otro momento de la entrevista, la jefa de Fuerza Popular insistió en sus críticas al fiscal que la investiga, José Domingo Pérez, quien es víctima de hostigamiento y de una campaña de desprestigio emprendida por el fujimorismo, y al juez Richard Concepción, a quienes acusa de querer darle "prisión preventiva como sea, cuando no corresponde".
"Están afectando a todos los partidos y a la democracia en general, estoy pidiendo que se respeten mis derechos fundamentales [...] Una responsabilidad política de ninguna manera puede llevar a una situación penal. Lo que buscan es destruir Fuerza Popular como dé lugar".
Keiko Fujimori dijo que su principal error político como jefa de la mayoría opositora en el Congreso "ha sido tener un nivel constante de ataque y confrontación", por lo que reiteró que su partido tomará un rol "más pro activo" en adelante y negó que su bancada se maneje de manera autoritaria como señaló Francesco Petrozzi, quien renunció al viernes últimos viernes, y este mismo lunes ha insistido en que Fuerza Popular funciona como un grupo sectario, lo que provocaría más renuncias, como la del mismo presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
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