En medio de la contraofensiva del cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para investigar la filtración de los audios que lo implican en la trama de corrupción en el sistema judicial e invalidar las grabaciones para traerse abajo todo el caso, había pasado desapercibido el sospechoso proceso en el que fue ratificado como fiscal supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura, antes de su elección como titular del Ministerio Público.
IDL-reporteros reveló este miércoles que el pasado 3 de julio, el pleno del CNM ratificó de manera automática y sin una resolución oficial a Chávarry como fiscal supremo y luego, el viernes 20 de ese mes, juró como fiscal de la Nación pese a las críticas, porque ya se habían difundido los audios de sus conversaciones con el hoy suspendido vocal supremo César Hinostroza, protagonista clave en la trama de corrupción y tráfico de influencias que involucra a jueces, fiscales, exconsejeros del CNM, congresistas, empresarios y abogados.
Antes de la ratificación que le permitió a Chávarry mantenerse en la carrera fiscal hubo una intrusión en el sistema informático del CNM, en el que aumentaron las calificaciones del hoy fiscal de la Nación. El caso fue alertado por un ingeniero de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y fue reportado por la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Fiscales, pero el hecho no se ha investigado hasta ahora, precisó IDL-reporteros.
Chávarry era uno de los magistrados evaluados en el proceso de ratificación de más de 90 jueces y fiscales, cuya convocatoria se aprobó el 28 de diciembre del 2017 por el Pleno del CNM, entonces presidido por Guido Aguila, ya destituido por su implicancia en la trama corrupta. Además de Chávarry, fueron evaluados los jueces Josué Pariona Pastrana y Ana María Aranda Rodríguez, sacada al final de carrera porque tenía una investigación pendiente en el mismo CNM.
El 22 de mayo arrancó el proceso de ratificación y hasta el 21 de junio se evaluó la documentación entregada por los magistrados y se hicieron informes individuales de evaluación, labor que estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Evaluación Integral y Ratificación, que presidía entonces el consejero Baltazar Morales.
Luego se fijó que el 26 de junio se entregaría al Pleno del CNM los informes de las evaluaciones de cada magistrado, mientras que las fechas programadas para las entrevistas personales –que constituyen la etapa final del proceso– serían del 16 al 19 de julio. En el caso de Chávarry, se programó el 18 de julio.
Según IDL-reporteros, para que evalúen la calidad de los dictámenes, resoluciones y sentencias de Pedro Chávarry, el consejero Baltazar Morales convocó a Leysser León, abogado especialista en derecho civil y profesor de la PUCP, y al penalista José Antonio Caro John, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez Abogados.
La fecha límite para que León y Caro entreguen sus evaluaciones fue el 20 de junio. Para ello analizaron 16 decisiones de Chávarry como fiscal, de las cuales ocho las envió el propio evaluado y las otras ocho las escogió el CNM de forma aleatoria. En total, el hoy fiscal de la Nación tuvo un puntaje de 69.22 sobre 80, con un promedio de 4.32 sobre cinco por cada decisión evaluada, una nota "insuficiente", de acuerdo a la escala de rendimiento de la ley de carrera fiscal.
Las notas que obtuvo Chávarry fueron ingresadas al sistema informático del CNM por el abogado Miguel Montoya Vigo y en la sesión del consejo del miércoles 27 de junio, la directora de Evaluación Integral y Ratificació, Norma Gutiérrez, notificó de ello a Baltazar Morales y Hebert Marcelo, miembros de la Comisión Permanente de Evaluación Integral y Ratificación.
Luego vino la manipulación informática. Al día siguiente, el jueves 28 de junio, el ingeniero Luis Eduardo Vargas Vila, que estaba a cargo de la coordinación de los "aspectos técnicos del sistema informático del Informe Individual" de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), informó a Montoya que las notas de Chávarry habían sido modificadas.
Se cambiaron 10 de las 16 decisiones evaluadas del fiscal de la Nación y la nota promedio de Chávarry pasó de 69.22 puntos a 79.72, o sea, 10.5 puntos más; y el promedio de cada calificación varió de 4.32 a 4.9895 puntos. También cambiaron algunos de los textos que sustentan las calificaciones de Chávarry, para justificar el nuevo puntaje.
Eso ocurrió con la evaluación del dictamen 757-2011, de la casación 4387-2009, entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el ciudadano Martín Delgado Junchaya. "En el pronunciamiento no se abordan puntos centrales de la temática discutida. La argumentación es escasa y el uso de los recursos argumentativos no es satisfactorio", dice el texto original del evaluador, el abogado León, respecto a la comprensión del problema jurídico y a la claridad de la exposición de Chávarry.
"No hay coherencia ni solidez en la argumentación, debido a lo sucinto (en extremo) de la exposición sobre las cuestiones que correspondía resolver. Este defecto impide apreciar si existe una relación precisa de coherencia entre la causa que originó el pronunciamiento y la decisión tomada al final", señala el comentario original de León sobre la coherencia lógica y solidez de la argumentación. "No se advierten vicios en este rubro, pero las carencias en la exposición detallada del origen de la materia controvertida afectan la visión de las bondades que tenga lo decidido, en el plano de la congruencia", concluye Leysser León, quien calificó esta decisión con 2.5 puntos. Su nota fue cambiada a 4.98 puntos.
La funcionaria Norma Gutiérrez envió un informe al consejero Morales Parraguez ese mismo día sobre la manipulación de las calificaciones, y adjuntó otro informe del abogado Miguel Montoya, en el que relató lo ocurrido y adjuntaba documentos que sustentaban los cambios de las notas y los pantallazos comparativos entre los textos originales y los adulterados.
Además, Norma Gutiérrez convocó a una reunión a José Alarcón, director general del CNM y jefe de la OTI, y a Guillermo Poma, el jefe de personal, a quienes puso al tanto sobre "los graves hechos informados por el abogado Miguel Montoya Vigo (profesional A de la Dirección)". Luego se convocó al ingeniero Luis Vargas Vila, quien alegó que se habían producido fallas en el sistema informático. Pero hasta la fecha no se ha hecho ninguna investigación interna al respecto. Luego de que se detectó la intrusión en el sistema informático, las notas fueron corregidas.
"Fuentes vinculadas a la institución, indicaron a IDL-R que todo aquel que tiene acceso al sistema informático cuenta con un usuario y contraseña, y que queda registrado cualquier cambio; así que es posible hacer una reconstrucción sobre lo que ocurrió aquel día", reseña el portal de investigación en su decimoctava entrega de su saga "Corte y corrupción".
Así, el 3 de julio pasado se consumó la ratificación de Chávarry en el CNM, en una sesión extraordinaria pleno del consejo en la que se debatieron "las propuestas respecto a los magistrados que pasan por entrevista personal y de aquellos en los que se prescinde de dicha entrevista". El entonces consejero Julio Gutiérrez Pebe fue el ponente del caso y planteó que el flamante fiscal de la Nación se ratificado de forma automáticamente. Todos los consejeros presentes votaron a favor.
Consultado por IDL-Reporteros, Julio Gutiérrez apeló a su mala memoria para decir que no recuerda si fue informado sobre la manipulación de las notas de Chávarry y a su escaso conocimiento de temas informáticos para justificar su ponencia.
"La verdad es que desconozco. Yo tengo unos conocimientos elementales en cuestiones de informática. Nadie ha hecho mención de nada extraño. Usted me lo está diciendo y para mí es algo nuevo. Yo no recuerdo. En ningún momento yo advertí nada irregular, nada anormal. Cuando uno es ponente tiene que evaluar dos rubros importantes: conducta e idoneidad. Y eso está razonablemente evaluado".
Chávarry no pudo ser contactado por el portal para que dé sus descargos.
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