Este miércoles, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento evaluará las denuncias constitucionales interpuestas por la Fiscalía de la Nación contra el suspendido juez supremo César Hinostroza y los exmiembros del CNM, con lo que se dará inició formalmente al proceso que busca que estos implicados en la trama de corrupción judicial respondan por los cargos que se les imputa.

Para darle celeridad, Fuerza Popular ratificará de forma temporal a la legisladora Milagros Takayama como titular de este subgrupo, informó El Comercio, mientras que el Pleno del Congreso sesionará este martes, a partir de las 6 pm, para definir a los miembros de la Comisión Permanente, para que puedan definir el plazo para investigar a los acusados.

"El pleno es para definir o ratificar a los miembros de la Comisión Permanente y luego habrá una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de tal suerte que haya una celeridad en el trámite de la acusación planteada (contra Hinostroza)", dijo de el Congreso el legislador oficialista Gilbert Violeta, luego de la Junta de Portavoces en que se tomaron estas decisiones.

El parlamentario subrayó que al pedido del Ministerio Público se le está dando la celeridad al caso. "Se ha hecho un trámite muy sencillo y es darle el procedimiento regular que corresponde a esta acusación", insistió el vocero de la bancada PPK.

El trámite a seguir y la eventual sanción

El primer paso formal es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúe si la denuncia presentada por el fiscal de la Nación cumple los requisitos formarles para admitirla. Si lo hace este miércoles, como se prevé, el caso pasará a la Comisión Permanente que, ya con sus miembros definidos, se reunirá el jueves por la mañana.

La Permanente debe aprobar un plazo de hasta 15 días –puede ser menos, o más– para que la subcomisión investigue los hechos imputados a los denunciados y se elabore un informe final sobre si proceden las acusaciones constitucionales. Si se aprueba en esa instancia, pasa al Pleno para su eventual ratificación.  

En su cerrada defensa, Hinostroza Pariachi, insiste en que no ha cometido ningún delito del que pueda ser sancionado tras la difusión de varios audios; solo admite una falta ética, a lo mucho. Pero incluso así, sería suficiente para que el juez sea sancionado, destituido e inhabilitado, según expertos en la materia.

De hecho, la Ley de Carrera Judicial —Artículo 2 inciso 8— señala que la principal característica del juez es una "trayectoria personal éticamente irreprochable". Así lo recordó el titular de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial, Allan Wagner, con lo que desestimó una de la frases que Hinostroza esgrimió en su intento de defensa, el domingo en Cuarto Poder, cuando dijo que "la conducta antiética de un magistrado no lo vuelve un delincuente".

El abogado penalista Carlos Caro dijo por su lado, citado por El Comercio, que por la vía de la acusación constitucional ante el Congreso se le puede destituir y hasta inhabilitar por "grave infracción a la Constitución". "Hay indicios para investigarlo y a partir de lo que se descubra en la investigación podría haber una imputación por tráfico de influencias y negociación incompatible. O eventualmente corrupción si se prueba algún pago", explicó.

El exfiscal superior anticorrupción Pedro Angulo coincidió con que el suspendido juez sí puede ser sancionado por su conducta antiética. "En este caso estamos hablando no de uno; sino de varios hechos repetidos que desmerecen gravemente la condición de juez. Entonces, no necesariamente tiene que ser delito, basta que desmerezca la condición de juez para que ya impida que aquel pueda seguir en el cargo", alegó. 

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