Alrededor del mediodía de este martes, el Ministerio Público realizó una diligencia arbitraria en las oficinas de IDL-Reporteros en el marco de las investigaciones que por los audios que revelan presuntas negociaciones entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Un fiscal y cuatro policías llegaron a la sede del Instituto de Defensa Legal, en San Isidro, para presuntamente incautar el material periodístico sobre los audios, que revelan tráfico de influencias en el CNM.
Esta acción se realizó dos días después que la fiscalía anunciara, el domingo 8 de julio, el inicio de una indagación preliminar para determinar si hubo delitos en las conversaciones que involucran al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, al juez supremo César Hinostroza y tres a los tres miembros del CNM, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Águila.
El periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, cuestionó la diligencia de la fiscalía, por considerar que vulneraba las leyes peruanas e internacionales que protegen la libertad de prensa y la labor periodística. "Si cada vez que se produce una investigación viene un fiscal e incauta todo el material, esa es la manera más segura de terminar una investigación, de sabotearla", manifestó Gorriti, al llegar a la redacción mientras se llevaba a cabo la diligencia.
"No estoy sorprendido pero con la clara conciencia que se trata de una normalidad y de algo que linda peligrosamente con el abuso y con la violación a los principios más básicos de la libertad de información", manifestó Gorriti, quien además advirtió que "hay mucho interés de que esta investigación no siga adelante".
Una hora después de iniciada la gestión del Ministerio Público, se suspendió. Para Gorriti, esto fue por la falta de documentación pertinente para proceder con algún tipo de incautación de material. El periodista subrayó que le reiteró al fiscal de la diligencia que contribuirían con todo lo que requiera la investigación, sin vulnerar el principio de protección de fuentes periodísticas.
Ante la posibilidad de presentar una queja verbal del IDL, anunciada por su director el abogado Carlos Rivera, la fiscalía de la Nación expresó en su cuenta de Twitter que "lamenta las incomodidades surgidas debido a una diligencia de exhibición de documentos programada por la fiscalía anticorrupción en sede de IDL-Reporteros, la misma que fue suspendida por la falta de un documento que no pudo ser presentado al inicio de la misma".
En otro tuit explicó que la fiscal Anticorrupción Norah Córdova programó la misma diligencia de exhibición de documentos en instalaciones del CNM. "De acuerdo a lo informado por la fiscal Córdova las diligencias pretenden dar mayor celeridad a las investigaciones conocida la gravedad de los hechos", señala en su mensaje.
Pedido fujimorista
Unos nos días después que estallara el escándalo de los audios del CNM, la actual asesora de la bancada de Fuerza Popular, la excongresista Martha Chávez, dijo en todo de amenaza que exigirá al IDL entregar —no solo los audios publicados— los equipos y sistemas con los que grabó, tal como se le pidió al congresista Moisés Mamani, responsable de la grabación de los denominados ‘kenjivideos’.
Del mismo modo, el parlamentario fujimorista Marco Miyashiro comparó ambos casos, pero lo cierto es que son muy distintos, porque las conversaciones de los consejeros del CNM se interceptaron con autorización judicial y no son parte de una maniobra política con fines subalternos como las grabaciones subrepticias de Mamani.
“Cuando se trata de IDL se acepta como valedero y cierto lo grabado. Si es de un Aymara, se le investiga para declararlo como editado, montaje y finalmente, falsos…”, escribió en su Twitter.
(Foto de cabecera: Twitter IDL-Reporteros)
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