El Congreso, controlado por el fujimorismo, consumó la amenaza de su presidente, Luis Galarreta, contra la prensa que había destapado las tropelías de su gestión, al aprobar la ley del aprista Mauricio Mulder que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.
Pero la medida, aprobada por insistencia en el Pleno del Parlamento, con 70 votos a favor, 30 en contra y siete abstenciones, y camuflada bajo el eufemístico nombre de "Ley que Regula el Gasto de Publicidad del Estado Peruano", se anularía, ya que el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para que sea declarada ilegal, en un proceso que puede tomar seis meses en el mejor de los escenarios.
Y el TC no debería tener mayores contratiempos para que derogue la Ley Mulder, porque en rigor es ilegal, según varios constitucionalistas. "Viola cuando menos tres derechos fundamentales", dijo en Perú21 el abogado Aníbal Quiroga.
El primero, precisó el experto, es el artículo 62 de la Constitución, que garantiza la libertad de contratar bienes lícitos que tenemos los ciudadanos, tanto públicos como privados, personas jurídicas o naturales. Y la publicidad del Estado en los medios de comunicación es un bien ilícito, subrayó.
Al privar a la ciudadanía de estar enterada de lo que ocurre en el aparato estatal, la libertad de información es el segundo precepto constitucional que violenta la Ley Mulder, que recibió, como era previsible, el entusiasta apoyo de Fuerza Popular, a la que se acusó en el debate en el hemiciclo querer silenciar a la prensa incómoda, como en la época de la autocracia de Alberto Fujimori.
El tercer derecho que garantiza la Carta Política de Perú es la libertad de prensa, la cual se verá afectada de manera indirecta con la norma, porque —sostiene Quiroga— le "quita una fuente de ingresos a los medios de comunicación", lo que implica en la práctica una forma de coaccionarlos para "que no puedan ejercer su labor".
Es por ello que el TC no debería tener mayor problema en derogarla y esa decisión tiene un efecto inmediato e inapelable, y constituirá una nueva derrota política para el fujimorismo y su tendencia secular por los mecanismos de censura a la prensa, aunque ahora lo pretende hacer de manera encubierta, bajo el pretexto del cuidado del uso de los recursos públicos.
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