Están cansadas de esperar. Ya ha pasado más de un mes desde que el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar al exdictador Alberto Fujimori, y sus exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, por ser los presuntos autores mediatos de las esterilizaciones forzadas.
Inés Condori, de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas, estuvo en Lima para hacer sentir la voz de protesta de las víctimas.
"Le exigimos a la fiscal Gutiérrez que denuncie de una vez, que no demore más esta situación como lo ha hecho antes", dijo Condori en una rueda de prensa.
Un grupo de víctimas estuvieron reunidas para exigirle a la fiscal Marcelita Gutiérrez que formalice la denuncia contra el exdictador.
"Queremos que los responsables sean sancionados y que el Estado asuma su responsabilidad con miles de víctimas que estamos en diferentes comunidades del país. ¡Que cumplan con nosotras!", agregó Condori, según cita Efe.
En un contexto de negacionismo de los crímenes cometidos por representantes del Estado peruano durante el conflicto armado interno, en especial los casos relacionados a la época del fujimorato, Victoria Vigo, víctima y activista, puso énfasis en este tema. Pidió que se detenga esta campaña y señaló al exministro Aguinaga como el que sostiene que las esterilizaciones no existieron.
"La resolución que ordena denunciar a Fujimori y sus exministros ha demostrado que nuestros testimonios son verosímiles. La verdad es una sola y esperamos hacer justicia no solo para las 2.166 mujeres que denunciamos, sino en miles de mujeres y hombres que aún faltan registrarse y que están en los pueblos olvidados de la costa, sierra y selva", sostuvo Vigo
Según la Defensoría del Pueblo, entre los años 1996 y 2000, durante la dictadura de Fujimori, se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país. De ese total, más de 2 mil mujeres fueron esterilizadas de manera forzada, con engaños, sin la debida información o sin su consentimiento.
Las víctimas consideran que este caso fue de lesa humanidad, ya que afectó específicamente a un sector vulnerable de la población: mujeres campesinas, indígenas, pobres y quechuahablantes. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido un informe al Estado peruano.
Milton Campos, abogado de Demus, que representa a las víctimas Mamérita Mestanza, Celia Ramos y Victoria Vigo dijo que espera que la fiscal formalice la denuncia porque "ya ha transcurrido el tiempo necesario".
foto: efe
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