En una entrevista con Milagros Leiva, en la que fue presentada como víctima de bullying en redes sociales, la abogada María Cecilia Villegas, autora del libro "La verdad de una mentira" defendió su tesis de que el gobierno de Alberto Fujimori no es culpable de las esterilizaciones forzadas.
"Yo no sostengo que eso sea mentira [las esterilizaciones forzadas], yo sostengo que el gobierno no implementó una política pública de esterilización forzada, esterilizaciones sin el debido consentimiento o forzadas, como se les quiera llamar, hubo, eso no lo voy a negar", afirmó en el programa "Todo se sabe".
Villegas dijo que busca aportar al "debate sobre políticas públicas basadas en evidencia". "El libro lo que hace es un análisis de política pública, analizo la política pública que se implementó", señaló la abogada.
Como se recuerda, según la Defensoría del Pueblo, entre los años 1996 y 2000, durante la dictadura de Alberto Fujimori, se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país. De ese total, más de 2 mil mujeres fueron esterilizadas de manera forzada, con engaños, sin la debida información o sin su consentimiento.
Sin embargo, para Villegas, el gobierno de Fujimori no es responsable de eso. "Un programa, una política pública, no puede ser deslegitimado por un delito que se cometió", dijo en RPP.
"Fujimori buscó diseñar un programa de salud reproductiva, proveía de todos los métodos anticonceptivos que en ese momento existían en el mercado. [...] Era una política pública bastante progresista que promovía los derechos de las mujeres", afirmó.
Ante estas afirmaciones, Leiva recordó la cifra de las cerca de 300 mil esterilizaciones y le contó que ha leído testimonios en los que varias víctimas de esta práctica cuentan cómo "las llevaban, a rastras, jalándolas de los pelos". Y Villegas soltó una sonrisa: "Tú te ríes, pero los testimonios son...", dijo Leiva.
"No, no me río, lo que pasa es que en realidad dentro del programa se esterilizan a 254 mil 455 mujeres, de ellas la Defensoría ha documentado, recibido, 273 denuncias por distintos casos de los distintos métodos que se proveían, a raíz de esas investigaciones, hay cerca de 80 casos de esterilizaciones sin consentimiento", dijo la autora del libro.
Villegas siguió con su argumentación a favor del programa de Fujimori:
"Quiero ser clara, no debió haber ocurrido una sola, una sola es un delito, no es un error en el programa, es un delito, pero un programa, una política pública no puede ser deslegitimado por un delito que se comete en la implementación de la política pública".
Y aquí la defensa de la gestión fujimorista se acentúa al pretender igualar esterilizaciones aisladas en otros gobiernos con prácticas sistemáticas realizadas durante la dictadura:
"Existen casos [de esterilizaciones forzadas] desde los años ochenta, incluso en el gobierno de Alejandro Toledo la Defensoría ha documentado 26 casos de esterilizaciones sin consentimiento, y si el programa va del 96 al 2000, ¿qué sucede con las esterilizaciones forzadas de antes y qué sucede con las posteriores? Son exactamente violaciones a los derechos humanos y son delitos".
La salida de Villegas es decir que ha buscado "analizar por qué ocurre esto, por qué un cirujano siente que tiene el derecho de disponer del cuerpo de una mujer". "Vivimos en una sociedad patriarcal, la debilidad institucional fortísima", dijo a modo de respuesta a las causas por las que se produjeron, ignorando que los médicos debían soportar la presión de las altas esferas para llegar a cifras de esterilizaciones, reduciendo a las personas solo a números.
Finalmente, Villegas dijo no ser fujimorista. "Yo no pertenezco a ningún partido político", dijo.
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Las víctimas de esterilizaciones forzadas consideran que este fue un caso de lesa humanidad, ya que afectó específicamente a un sector vulnerable de la población: mujeres campesinas, indígenas, pobres y quechuahablantes. Además, sobre este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido un informe al Estado peruano.
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