El Poder Judicial suspendió este martes, por treinta días, la medida de incautación de la casa del expresidente Ollanta Humala, en el distrito de Surco. La decisión la adoptó el mismo juez Richard Concepción Carhuancho, quien había ordenado la cuestionada medida, confirmó uno de los abogados del exmandatario, Julio César Espinoza.

Según explicó en RPP,  el magistrado en mención declaró fundada una solicitud de aclaración que presentó la defensa legal el mismo lunes, respecto "a la necesidad de proteger el interés superior de los niños que la ley de protección al menor le obliga" ante la incautación de la casa familiar ubicada en la cuadra uno de la calle Fernando Castrat, en Surco.

En su resolución, Concepción Carhuancho señala que "se dispone la suspensión de la ejecución de la desposesión solo del bien inmueble antes anotado por el plazo de 30 días naturales". Es decir, la medida aplica solo para el inmueble donde vive el matrimonio Humala-Heredia y sus hijos; no para los otros cuatro predios  que se incautaron el lunes. 

"Los señores Humala y su familia pueden regresar al inmueble a seguir viviendo", dijo Espinoza, en alusión a que esta madruga, el expresidente y su esposa habían dejado la casa familiar en Surco que lunes en la mañana había sido incautada. 

La diligencia de incautación la dirigió el fiscal que los investiga por presunto lavado de activos, Germán Juárez Atoche, y la medida fue autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho, el mismo que dictó los 18 meses de prisión preventiva para la pareja, mandato que el Tribunal Constitucional (TC) revocó por considerar injustificado.

Impugnación formal

Previamente, Wilfredo Pedraza, otro abogado de Humala, confirmó que apelarán formalmente la incautación de las propiedades del exmandatario y de su esposa, Nadine Heredia, así como de la madre de esta, Antonia Alarcón, y de su amiga y exfuncionaria Rocío Calderón, que se dieron en el marco de la investigación fiscal por los aportes ilegales de campaña que habría recibido el Partido Nacionalista.

"Esperamos que la Sala Penal Nacional pueda convocar pronto a una audiencia", dijo Pedraza en declaraciones periodistas, tras indicar que también presentarán quejas ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dado que la controversial medida, a la que calificó de arbitraria, afecta directamente a los menores hijos del expresidente.

El abogado de los Humala-Heredia también confirmó que acudirán a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Frente a atropellos de esta magnitud, lo que toca es ir al Sistema Interamericano".

Juárez Atoche había empezado a tramitar la orden de incautación cuando Humala y Heredia aún estaban en prisión, pero ya su excarcelación era inminente. Ingresó su pedido al despecho de Concepción Carhuancho el 11 de abril pasado, informó La República. Un día antes, la votación en el TC del hábeas corpus para liberar a la pareja había quedado empatada (3-3). Eloy Espinosa-Saldaña rompió el empate a favor del expresidente y su esposa.

Este lunes, durante la diligencia de incautación, el mismo Humala declaró en la puerta de su casa que la vivienda ya se encontraba embargada y bloqueada en Registros Públicos, por lo que consideró que la decisión judicial era un exceso e innecesaria.

Sin embargo, la resolución del juez Concepción Carhuancho de allanamiento y desposesión de la casa del expresidente señala que no existe otra medida menos lesiva para asegurar que los bienes no sean transferidos o vendidos a terceros. 

La medida se sustenta en la declaración de un colaborador eficaz, el número 03-2015, el único que sostiene que la campaña de Humala del 2006 recibió dinero de Venezuela a través de la empresa Kaysamak, que supuestamente fue sustraído del Estado por el fallecido expresidente Hugo Chávez, pero lo cierto es que sobre este tema no hay una investigación formal en Venezuela. 

Con ese dinero, que se presume que habría llegado a Nadine Heredia a través de su madre, Antonia Alarcón, y de su amiga Rocío Calderón, se habría utilizado para adquirir el casa de la calla Castrat que fue incautada ayer por la fiscalía.

“Tras el fallo del Tribunal Constitucional (que excarceló a los Humala-Heredia), el juez pretende castigar al ex presidente, su esposa e hijos dejándolos sin hogar", alegó el abogado defensor César Nakazaki.

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