"Se han encontrado equipos telefónicos, vouchers de depósitos y transferencias de dinero, así como files y expedientes de contratos". La frase es del fiscal adjunto superior, Oliver Chávez Sánchez, el vocero del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, quien anunció que durante el allanamiento a los inmuebles del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se halló información de relevancia penal.
El magistrado explicó que todo el material y la información que se incautó durante las diligencias será evaluado por el equipo que lidera el fiscal Hamilton Castro para determinar su grado de importancia en la investigación contra el exmandatario por sus vínculos negados con Odebrecht mientras fue funcionario público, a través de empresas de asesoría financiera relacionadas a él.
Así, Chávez Sánchez respondió en el programa Sin Reserva del Ministerio Público a las críticas y cuestionamientos de la defensa legal de PPK, que había sostenido que los allanamientos del pasado 24 de marzo eran nulos, al alegar que Kuczynski no tenía la calidad de investigado al momento de las citadas diligencias.
El vocero del Equipo Especial precisó además que el exmandatario tiene el estatus de investigado desde el 21 de marzo, y que, diferencia de lo dicho por la defensa de PPK, la etapa de investigación preliminar sí forma parte del proceso penal, por lo que sí podía solicitarse al juez el impedimento de salida del país para Kuczynski.
El fiscal sostuvo además en el referido programa que Equipo Especial no tenía por qué informar a la defensa de PPK sobre los allanamientos, porque esas diligencias se solicitan al juez de manera reservada, para garantizar la eficacia de las mismas; caso contrario, dijo Chávez, el investigado puede modificar, ocultar o desaparecer las pruebas existentes en los inmuebles a intervenir.
Sobre las consorciadas
En otro momento de la entrevista, el vocero del Equipo Especial calificó como un "retroceso en las investigaciones" las excarcelaciones de empresarios peruanos que se asociaron a Odebrecht para beneficiarse de la construcción de la Carretera Interoceánica, ordenados recientemente por la Sala Penal de Apelaciones.
Según el magistrado, es un error que el referido tribunal esté exigiendo pruebas irrefutables de la colusión entre el expresidente Alejandro Toledo, Odebrecht y sus consorciadas (Graña y Montero, JJ Camet, IICSA, entre otras).
"¿Qué empresa de la construcción razonablemente cede más del 80% de sus utilidades a Odebrecht, a quién reconoce cómo líder del consorcio?", se preguntó el magistrado, al subrayar que ese medida es la que configura el presunto delito de lavado de activos.
Agregó que para la fiscalía es importante que se mantengan la prisión preventiva contra los implicados, pues existe el riesgo de fuga o de ocultamiento a la acción de la justicia y el Ministerio Público debe asegurar la presencia de los investigados en el juicio.
Por ello, Oliver Chávez emplazó a los magistrados del Poder Judicial a tener una visión más moderna de la criminalidad a la hora de emitir sus fallos, porque está juzgando el trabajo de la Fiscalía con criterios que no están en la línea de la forma moderna del crimen organizado.
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