Primero lo primero. Este jueves, a partir de las 4 pm, se tiene previsto que se inicie el debate en el Pleno del Congreso sobre los alcances de la carta de renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia. Una vez que la representación nacional haya aceptado formalmente la dimisión, recién el Poder Judicial podrá convocar a una audiencia para resolver el pedido de la fiscalía de impedimento de salida del país contra PPK.
Así lo determinó el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Sánchez Balbuena, informó El Comercio, que accedió a la resolución en la que el juez menciona el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que dice que "el presidente no puede ser acusado mientras se encuentra en el ejercicio del cargo", salvo por cuatro razones concretas que señala la Carta Magna: impedir las elecciones, traición a la Patria, disolver el Congreso y evitar el funcionamiento de los órganos electorales.
Es decir, mientras ejerza a primera magistratura del país, Kuczynski no puede ser investigado o imputado. A ese precepto constitucional se apega el juez Sánchez Balbuena. Pero una vez que PPK deje formalmente la jefatura del Estado, tendrá que responder a la justicia.
"En tal sentido, a criterio del suscrito, mientras no se produzca la aceptación de la renuncia por parte del Congreso, no podría darse trámite alguno al presente requerimiento", se lee en la resolución del citado magistrado, en respuesta al pedido del Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro.
Está previsto que el debate en el Congreso de la carta de renuncia de PPK acabe recién este viernes 22, según lo adelantado por el mismo presidente del Poder Legislativo, Luis Galarreta.
La medida restrictiva se tramitó la misma tarde del miércoles, tras la renuncia de PPK, quien se vio forzado a dimitir por el escándalo de compra de votos de sus aliados en el Congreso para evitar su vacancia. El fiscal Castro incluyó a Kuczynski Godard como investigado en las pesquisas contra First Capital y Westfield Capital, esta última de propiedad del renunciante mandatario, entre otras empresas, por los pagos recibidos por parte de la constructora Odebrecht.
[Foto de cabecera: Sepres]
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