El procurador Amado Enco le consultó al Congreso hace unas semanas si es que al indultado expresidente Alberto Fujimori le correspondía una pensión y a cuánto ascendería el monto que podría cobrar si es que así fuera. Y en el Legislativo,  que controla el partido de su hija, Keiko Fujimori, hicieron el cálculo y le respondieron al abogado del Estado: la deuda asciende, hasta el momento, a S/. 3’264,787.36 por pensiones no cobradas y devengados.

En el oficio con la respuesta del Parlamento, que lleva la firma del director general de Administración del Legislativo, Horacio Eguren Ciurlizza, se lee que si bien no está en agenda pagarle y que Fujimori tampoco lo ha solicitado aún, "la pensión mensual del citado expresidente asciende a S/. 15,600, importe equivalente a la  remuneración de un congresista en actividad, más dos pensiones adicionales en julio y diciembre", reveló este viernes la revista Hildebrandt en sus Trece.

El documento en mención, fechado el 29 de enero pasado, sostiene que el monto que se supone el Estado le debe a Fujimori es una simulación que se hizo a pedido del procurador, pero en ninguna parte del texto se precisa que al exreo de la Diroes no le corresponde una pensión, por haber sido condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad.

La proyección de la deuda que podría cobrar Fujimori al Estado que fue saqueado y destruido durante su régimen se inicia en diciembre del 2000, es decir, un mes  después de que fugó al Japón, tras la caída de su gobierno. En el referido mes, el Congreso le fijó una pensión de S/. 5.113, pese a que el mismo autócrata decía que ganaba solo dos mil soles mensuales.

De acuerdo al semanario, que tuvo acceso al oficio del Congreso, el cálculo incluye los cinco años en los que Fujimori vivió en Japón, entre el 2000 y 2005, así como el periodo en el que estuvo bajo arresto domiciliario en Chile, entre el 2005 y el 2006, antes de ser extraditado al Perú para que responda por los crímenes que cometió.

La proyección del Parlamento también toma en cuenta los años que el autócrata pasó en el penal de Barbadillo, donde estuvo recluido desde el 2009, luego de ser sentenciado a 25 años de cárcel, hasta diciembre de 2017, cuando fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero el cálculo se irá actualizando según avancen los meses.

En el último párrafo del documento del Parlamento se lee que "a la fecha no existe disposición de reconocimiento de pensión a favor del señor Alberto Fujimori", pero  lo cierto es que su abogado, Miguel Pérez Arroyo, admitió que hace unas semanas también realizó un pedido de información al Congreso sobre si la viabilidad de que su cliente cobre una pensión, pero no ha tenido respuesta. Por lo menos, interés de hacerlo existe. "No tenemos a la fecha ninguna información en ese sentido", señala el letrado, al asegurar que desconoce el informe enviado a la Procuraduría. "Esta es una decisión que debe tomar únicamente el expresidente", alega.

En ello coincide el Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco, al explicar que el oficio del Congreso es solo una proyección. "Si Fujimori manda una carta, ahí se estudia su caso y se emitirá un informe legal", precisa el funcionario.

Por lo pronto, la Mesa Directiva ya decidió que es legal restituirle la seguridad de Estado en su condición de expresidente. Fujimori pasa sus días en libertad en una cómoda y amplia residencia en La Molina, con piscina y rodeada de jardines, cuyo alquiler es sufragado por "amigos" del autócrata, quien, por cierto, no ha pagado ni un solo sol de la reparación civil al Estado que fijó la justicia en su condena. Esta deuda, como ya se ha explicado, no se anula con el indulto. 

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