Las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, han remecido a varios políticos peruanos que se han visto involucrados en supuestos aportes a las campañas electorales. Al ver que casi nadie ha resultado indemne del interrogatorio de esta semana en Sao Paulo, el legislador de Acción Popular, Yonhy Lescano, recomendó a los fiscales peruanos que viajaron a Brasil que pidan prisión preventiva a los políticos que se habrían beneficiado con el dinero de la empresa brasileña.
“Creo que los fiscales y los jueces ya deberían sentirse con la capacidad de dictar prisiones preventivas, restricciones de salida del país, embargos y todo lo demás. Debe hacerse, porque si no se dilatan las cosas y comienzan a alargar los procedimientos, comienzan a presionar con el poder político y quedamos en fojas cero”, dijo en RPP.
“Es el momento de limpiar al Perú de tanta corrupción que hemos tenido y de borrar del mapa a los ídolos de barro. Puro sepulcro blanqueado que salía en los medios, que se han hecho presidentes son candidatos presidenciales, han sido ministros, congresistas”, agregó.
El congresista acciopopulista calificó como “corruptos” a los involucrados en las declaraciones de Barata. “Está demostrándose que estos que tuvieron poder político fueron unos reverendos corruptos y que la clase empresarial también ha sido contaminada con corrupción. Ellos que se rasgaban las vestiduras que muchas veces nos ha acusado de ir contra la inversión por las críticas que les hacíamos durante años y ahora se descubre que realmente nosotros no teníamos sino la razón de todo lo que decíamos en el parlamento”, manifestó.
En el interrogatorio de este miércoles en la sede de la Procuraduría de Sao Paulo, en Brasil, el exdirector de Odebrecht en Perú confirmó ante fiscales peruanos, las contribuciones a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, para el proceso del 2011, y para Alan García en el 2006.
Las repercusiones
Para el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, es “inaceptable” que la Comisión Lava Jato del Congreso sea presidida por alguien de un partido que está involucrado en la presunta recepción de dinero de parte Odebrecht para campañas políticas, en clara alusión a la congresista fujimorista Rosa Bartra.
Este comentario, muy similar al de su colega oficialista, Gilbert Violeta, viene a raíz del testimonio que dio Barata, quien declaró que la constructora dio US$1’200.000 a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, cuando postuló a la presidencia por Fuerza 2011, a través de los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, así como también una colaboración a pedido de la Confiep para la segunda vuelta de las elecciones de ese año.
Por ello, sugirió que quien reemplace a Bartra podría ser el también acciopopulista Victor Andrés García Belaunde, miembro de la comisión investigadora desde el Parlamento pasado. “Esa comisión tiene que presidirla alguien que pertenezca a una agrupación política que no esté bajo juicio. Por ejemplo, me permito sugerir a mi colega Victor Andrés García Belaunde”, indicó.
“Él (García Belaunde) ha tenido muestras de ser muy valiente y enfrentar a personas muy poderosas, como Orellana, Kouri y otros. Y lo hizo con mucha solvencia”, añadió.
Al referirse al mención que Barata hizo sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Bruce consideró que el testimonio del exejecutivo brasileño tiene que ser corroborados con pruebas. Por tanto, dijo creer en la palabra PPK, quien ha negado haber recibido financiamiento de Odebrecht.
De acuerdo a Jorge Barata, el aporte entregado a la campaña de PPK en el 2011 fue de 300 mil dólares, y quien recibió el dinero fue Susana de la Puente, la actual embajadora del gobierno de Kuczynski en el Reino Unido. Incluso, precisó que tuvo conversaciones telefónicas con ella y que esto puede ser verificado en su registro de llamadas.
“Esto es un terremoto político para toda la clase política. Aquí hay que dar muestras de enmienda. Es decir, la clase política tiene que dar pasos por ejemplo para transparentar las finanzas en las organizaciones políticas, limitar los gastos en las campañas, permitir investigaciones presididas por personas que no estén vinculadas a ningún partido político investigado”, manifestó.
(Foto de cabecera: Difusión)
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