Riesgo latente. La gestión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debería concluir el próximo mes de julio, tal como establece la ley. Sin embargo, dos procesos en su contra, uno en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y otro en el Congreso, podrían provocar que su mandato al frente del Ministerio Público culmine antes.

Guido Aguila, presidente del CNM y ponente en el caso del fiscal de la Nación, emitió un informe sobre la denuncia que presentó la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma contra Pablo Sánchez. “Yo lo que he hecho es un resumen de toda la denuncia de la doctora [Vilcatoma] y lo he repartido entre los consejeros. En lo que hemos quedado es en que analicen los hechos y que cada uno lleve [al pleno] su propia ponencia”, declaró Aguila a El Comercio.

El presidente del CNM manifestó que el caso del fiscal de la Nación se estaría viendo a fines de este mes, de acuerdo con la agenda del pleno y antes de que concluya su gestión. Cabe señalar que aún se mantienen en trámite dos denuncias impulsadas por el fujimorista Daniel Salaverry y por la propia Vilcatoma ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Ambos legisladores acusaron a Sánchez por una supuesta inacción en las investigaciones del Caso Odebrecht.

La parlamentaria de Fuerza Popular, Rosa Bartra, –a quien se le encargó realizar un informe de hechos y proponer si proceden o no las denuncias– sostuvo a El Comercio que realizará dicha tarea cuando sea notificada de su designación. Asimismo, aseguró que, “a diferencia de otras instituciones”, su opinión no estará motivada por “una venganza y actuará objetivamente”.

El titular del Ministerio Público consideró desde el inicio que la arremetida en su contra del fujimorismo es porque reabrió el caso de Joaquín Ramírez, esta vez bajo la ley de Crimen Organizado, investigación en la que Keiko Fujimori está implicada directamente y cuya situación legal se complica cada vez más, ahora porque hasta el mismo Marcelo Odebrecht afirmó que entregó dinero de su compañía para la campaña del 2011.

No obstante, Pablo Sánchez ha evitado enfrentamientos con el fujimorismo y habría decidido inhibirse de evaluar el caso de los nueve congresistas de Fuerza Popular acusados de “violencia contra la autoridad”, al obstaculizar su labor en el allanamiento que la fiscalía realizó a dos locales de Fuerza Popular, el 7 de diciembre del 2017, de acuerdo al informe realizado por el fiscal José Pérez Gómez, encargado de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular.

(Foto de cabecera: Andina)

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