El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le respondió al fujimorismo, que lo ha acusado de estar detrás del allanamiento de dos locales de Fuerza Popular, el jueves pasado, en represalia por la acusación constitucional en su contra que promueven en el Parlamento.

"No creo nada de lo que ellos (Fuerza Popular) dicen. Es totalmente falso [...] Acá no hay ningún tipo de revancha o venganza de ninguna naturaleza", dijo en Canal N el titular del Ministerio Público, quien podría ser destituido de su cargo de forma arbitraria y prepotente por el fujimorismo.

Incluso Sánchez dijo que "siga la denuncia" en su contra en el Congreso, a la que le hará frente y de la que se defenderá con argumentos, pese a que, como se ha demostrado, la acusación constitucional carece de sustento legal y real, por lo que a estas alturas casi no hay dudas de que responde a intereses subalternos de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori al que la fiscalía acusa, con sólidos indicios, de fraguar pruebas y manipular libros contables para ocultar aportes de campaña que no pueden justificar.

Cumplo mi deber

Por su lado, el juez Richard Concepción Carhuancho también se pronunció sobre el allanamiento de los dos locales de Fuerza Popular que ordenó a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien por su lado ha dicho que su pedido fue autónomo y que era necesario ejecutarlo apenas se aceptó la solicitud, diligencia que legisladores fujimoristas trataron de obstruir, tal  como se ha visto en imágenes difundidas por la TV este fin de semana.

"Lo único que hago es cumplir con mi deber. Nada más. Cumplir con mi deber muy ajustado a ley, y como se dice, toda decisión mía no es definitiva y puede ser apelada ante instancias superiores", refirió Concepción.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, en un tácito respaldo al titular del Ministerio Público, también descartó intereses subalternos en el allanamiento a los locales de Fuerza Popular, procedimiento —subrayó— que estuvo bien motivado y sustentado. "Ni la fiscalía ni el Poder Judicial están empeñados en una venganza política", dijo.

La decisión de solicitar y aprobar el allanamiento se sustentó, básicamente, en que Fuerza Popular no entregó todos los libros contables que Pérez les solicitó, y los que le remitió, fueron manipulados. Por ello, el fiscal sostiene que el partido de Keiko Fujimori mantiene una contabilidad paralela en sus finanzas de la campaña presidencial de 2011, a fin de ocultar el presunto dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht.  

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