El último viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que el Estado peruano debe archivar el proceso contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón. Este fallo ha sido rechazado por algunos políticos y grupos conservadores que piden que el Perú deje de formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por una supuesta intervención internacional y pérdida de la soberanía.

Lo cierto es que, como afirma el congresista Alberto de Belaunde, este tribunal internacional, así como otros que el país ha reconocido, están para defender los derechos de las personas, cuando el Estado no cumple con sus obligaciones.

“Es importante que las personas tengan presente que la Corte IDH está hecha para proteger a los ciudadanos", dijo el parlamentario el último sábado en declaraciones a RPP Noticias.

Para de Belaunde, "uno puede estar en contra o a favor, pero los fallos se acatan". En este sentido, recordó el caso del diferendo marítimo entre Perú y Chile y cuya resolución de la Corte de la Haya ha sido respetada por ambos países.

"Las sentencias se cumplen porque sino estaríamos al mismo nivel del chavismo que no ha cumplido ni una de las sentencias de la Corte IDH y se retiró de este Sistema", agregó.

El congresista hizo referencia al caso en cuestión, en el que el Congreso de la República pretende destituir a cuatro magistrados del TC porque corrigieron un error en el conteo de votos en un fallo anterior en el que se consideró a la matanza de los penales (Caso El Frontón) como un delito de lesa humanidad.

Este caso hace referencia a la matanza de los penales perpetrada en 1986, durante el gobierno de Alan García, crimen que está pendiente de justicia. Por estos asesinatos, se acusa a 34 exmarinos, quienes para no ser procesados por delitos de lesa humanidad presentaron una denuncia contra cuatro magistrados del TC. Los exmarinos acusaron a Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda del supuesto delito de prevaricato, ya que fueron ellos los que votaron a favor de corregir un error en el conteo de votos de una resolución del 2013 sobre la materia.

Lo que pidieron los exmarinos fue grave: inhabilitación por diez años a Espinosa-Saldaña y suspensión por 30 días a Ledesma, Ramos y Miranda. Con este fallo de la Corte IDH, este proceso debe ir al archivo. La denuncia contra los magistrados fue considerada por varios políticos y juristas peruanos como un intento de atentado a la institucionalidad democrática.


(Foto de portada: Congreso de la República)


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