El próximo viernes 2 de febrero se celebrará la audiencia en la que la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH) revisará las sentencias de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, luego de que los familiares de las víctimas de estas matanzas presentaran un recurso ante el mencionado tribunal como medida de protesta por el indulto concedido al condenado Alberto Fujimori por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el pasado 24 de diciembre.

Los abogados de las víctimas viajarán este martes a San José de Costa Rica para dejar todo listo sobre su exposición de aspectos jurídicos y políticos que deslegitimen el indulto y el derecho de gracia otorgado a Fujimori. 

En representación de los deudos de La Cantuta viaja la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano; mientras que por los familiares de Barrios Altos, además de ella, estarán Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), y David Velasco, de la Federación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Si bien los tres abogados han decidido guardar total reserva sobre su estrategia y han preferido no dar declaraciones en la previa de la audiencia en San José de Costa Rica, familiares de las víctimas confían totalmente en ellos, ya tienen muchos años acompañándolos en búsqueda de justicia y por su participación fundamental en la condena de Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el Grupo Colina en 1991 y 1992.

Los argumentos

La sesión de la Corte IDH se iniciará a las 10 y 15 de la mañana de Costa Rica (9:15 a.m., hora de Perú), con la presentación de los descargos de los abogados designados por el Estado: Jorge Villegas Ratti y Adrián Simons Pino, quienes sustentarán lo que motivó a PPK a indultar a Fujimori. Según la agenda del tribunal, Ratti y Simon tendrán 20 minutos para plantear su posición que tratará de descartar que este beneficio afecte el cumplimiento de las sentencias de la corte.

Carmen Amaro, hermana de uno de los estudiantes asesinados de La Cantuta, dijo que existen varias evidencias que confirman que se trató de un beneficio político. Por ello, considera que el detalle de todo lo que se hizo previo a concederle el indulto a Fujimori debe formar parte de los argumentos que los tres abogados de los deudos llevarán ante el tribunal supranacional.

De hecho, los representantes de las víctimas tendrán el mismo tiempo que los abogados designados por el Estado para argumentar ante los jueces de la corte supranacional lo sucedido después del documento que enviaron el 26 de diciembre para solicitar la audiencia, como la cercanía de los últimos meses entre Kenji Fujimori y Kuczynski, los antecedentes y los detalles de cómo se desarrolló la fallida vacancia de PPK, el pronunciamiento público de Fuerza Popular y del presidente del Congreso, Luis Galarreta, afirmando que hubo una negociación política.

Asimismo, detallarían la rapidez extrema y los datos contradictorios de la propia resolución, puesto que Fujimori pidió el indulto el 11 de diciembre, pero había documentos previos que solo se hubieran podido generar como consecuencia de una solicitud formal de la gracia presidencial. También presentarían información del expediente médico, que según el Ministerio de Justicia ya fue entregado a la Corte IDH.

“Los familiares acudimos a la Corte con mucha esperanza de que se pronuncie sobre este atropello del Estado peruano contra nuestro derecho a la justicia utilizando un indulto ilegal y violatorio a los compromisos internacionales”, dijo Gisela Ortiz, hermana de otra víctima de La Cantuta a La República.

“Que su fallo sea firme y claro sobre el peligro de estas formas de impunidad que puede ser replicada en otros países de América que están juzgando y sancionando a violadores de derechos humanos”, agregó. 

(Foto de cabecera: Corte IDH)

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