"El Minjus emitirá en tiempo y forma la documentación requerida por la Corte". Así respondieron en el despacho a cargo del ministro de Justicia, Enrique Mendoza, sobre el pedido que le remitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que entregue una copia certificada de todo el expediente en el que se sustentó el cuestionado indulto a Alberto Fujimori.
Así, el tribunal supranacional con sede en San José, Costa Rica —que había dado plazo hasta el 29 de enero al gobierno peruano para que le haga llegar el expediente— contará con la documentación requerida sobre la liberación del autócrata para el 2 de febrero, para la audiencia en la que supervisará el cumplimiento de las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos, informó La República. El Minjus estaba obligado a cumplir con lo requerido por la Corte. De no haberlo hecho, hubiera perjudicado al Estado.
Pero en el despacho del ministro Mendoza no han dicho nada sobre si hará lo mismo ante el pedido de la Defensoría del Pueblo y las otras solicitudes para que entregue la copia del expediente —incluido el acta médica del 19 de diciembre y el derecho de gracia que liberaría a Fujimori de procesos judiciales vigentes, como la masacre de Pativilca—, o si persistirán en su negativa.
El ministro Mendoza no tuvo otra opción que ceder ante el pedido de la corte idh. (andina)
Tras esta diligencia en San José de Costa Rica, la Corte IDH definirá si el indulto a Fujimori incumple las sentencias por los referidos crímenes, que son considerados de lesa humanidad y por los que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel. Lo que decida el tribunal internacional es vinculante para el Estado peruano como suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La defensa de la víctimas de La Cantuta y Barrios Altos confía en que la Corte revoque el beneficio que se le otorgó al autócrata el 24 de diciembre pasado, lo que desató una ola de protestas en el país contra la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien tres días antes de había salvado de ser destituido en el Congreso gracias al ala albertista de Fuerza Popular, por sus vínculos con Odebrecht, lo que reforzó la hipótesis de que hubo un pacto o acuerdo bajo la mesa: la permanencia de PPK en Palacio a cambio de la libertad de Fujimori.
Los agentes del Estado
En la audiencia del 2 de febrero próximo participarán representantes de las víctimas de Fujimori, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Estado, que será defendido por los dos abogados particulares: Adrián Simons Pino ( procesalista) y Jorge Villegas Ratti (penalista), designados por el Minjus, que optó por no designar un procurador titular y prescindir del procurador encargado de Derechos Humanos, Luis Huerta, a quien hubiera tocado esta defensa.
Simons y Villegas tendrán que convencer a los jueces supranacionales que el indulto 'express' a Fujimori se ajustó a derecho, pero lo cierto es que el proceso tiene varias inconsistencias tanto de forma como de fondo, como lo han señalado diversos expertos.
Incluso, Roger Rodríguez, ex director de Derechos Humanos del Minjus, dijo que la Comisión de Gracias actuó contra lo que dice su propio reglamento, al no visitar a Fujimori para constatar las condiciones en las que estaba, y reiteró que el autócrata no presentaba las condiciones de salud para que haya sido indultado por razones humanitarias.
DATOS
✔ Adrián Simons tiene más de dos décadas como abogado y arbitro, dirige su propio estudio, enseña en la Universidad de Lima y preside la Asociación Peruana de Derecho Procesal. Además integra varias entidades sobre derecho procesal y arbitraje, según La República.
✔ Jorge Villegas fue agente del Estado ante la Corte Interamericana en el caso Lori Berenson y procurador de la Superintendencia de Banca. Integró la comisión que redactó el Código Procesal Penal y presidió el grupo para la incorporación normativa antiterrorista internacional.
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