Alberto Fujimori ya está gozando de su libertad, en virtud del cuestionado indulto y derecho de gracia que le dio PPK el 24 diciembre, en una casa de 1.900 metros en La Molina, con piscina, jardines y otros ambientes de lujo, y cuyo alquiler asciende a cinco mil dólares mensuales. Pero su situación actual podría variar, dependiendo de la decisión que están por tomar los jueces del Colegiado B de la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca.
En concreto, los magistrados Miluska Cano (presidenta de la sala), y los vocales Omar Pimentel y Otto Verapinto deben tomar una decisión sobre dos temas concretos:
i) Si aplican el derecho de gracia a Fujimori y, como consecuencia de ello, lo eximen del proceso judicial por la matanza de seis ciudadanos en Pativilca en enero de 1992; o si, por el contrario, rechazan ese beneficio y ordenan que sea procesado.
ii) De darse el segundo escenario, Fujimori volvería a los tribunales por un caso de violación de derechos humanos, y regresaría, eventualmente, a prisión, ya que la fiscalía, que por este caso ha pedido 25 años de cárcel, también ha solicitado que el expresidente afronte el juicio bajo detención.
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional tiene previsto realizar la audiencia de control de acusación en el caso Pativilca a fines de este mes, según El Comercio, que cita fuentes fiscales, que precisaron que los jueces tendrían que pronunciarse durante esa diligencia sobre si procede o no el derecho de gracia otorgado a Fujimori.
La razón de que este beneficio, que implica sustraer a Fujimori de los procesos judiciales que tiene pendientes, no sea aplicable es que no se ajustó a lo que dice la ley. Según explicó el abogado César Azabache, según el numeral 23 del artículo 118 de la Constitución, se exige una condición para que proceda el derecho de gracia: que la etapa de instrucción del proceso haya excedido el doble de su plazo más su ampliación (24 meses). En el caso Pativilca no se cumple este plazo, porque la Corte Suprema de Chile amplió la extradición del autócrata en junio del año pasado y un mes después, en julio, el fiscal Luis Landa acusó por autoría mediata al expresidente por esta matanza.
"El plazo de instrucción comenzó en junio. Así que no llega a los 24 meses que se exigen", dijo por su lado exprocurador Yván Montoya, quien coincide con Azabache en este punto, tras recodar que existe además el precedente del viceministro fujimorista Alfredo Jalilie, en el que no se aplicó la gracia presidencial.
El abogado de Fujimori, Wiliam Paco Castillo, dice lo contrario, que el plazo se debe contar desde que se ventiló el proceso en el 2012 y que, por tanto, el derecho de gracia sí procede. Anunció además que si la sala decide que su cliente sea procesado recurrirá a la Corte Suprema y, eventualmente, al Tribunal Constitucional.
DATOS CLAVE
✔Alberto Fujimori fue juzgado por cinco casos, y en todos fue condenado, lo que revela que en su gobierno hubo una sistemática actividad criminal y delictiva. La pena más alta que ha recibido fue de 25 años, por asesinato y secuestro agravado en los casos Barrios Altos-La Cantura y Gorriti-Dyer, delitos considerados de lesa humanidad por la justicia supranacional de la que el Perú forma parte.
✔ También fue condenado por usurpación de funciones (suplantó a un fiscal para el montaje que hizo al ingresar a la casa de su exasesor Vladimiro Montesinos), por peculado (el ilegal pago que le hizo de 15 millones de soles al mismo 'Doc' por 'compensación por tiempo de servicios') y por corrupción (el caso de los 'diarios chicha' y la compra de congresistas tránsfugas). Las penas aquí fueron de entre seis y ocho años, pero en la legislación peruana las sentencias no son acumulables: solo se cumple la más alta.
[Foto de cabecera: Efe]
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