Horas previas a la Navidad una noticia remeció al Perú entero. El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) había decidido indultar a Alberto Fujimori, quien se encuentra internado en una clínica local desde el sábado tras sufrir una descompensación. Esta decisión de PPK ha sido considerada por diversos sectores como “un pacto de impunidad”, ya que gracias a los votos de abstención de Kenji Fujimori y otros nueve miembros de Fuerza Popular, el mandatario no fue vacado en el Congreso.

Ante la duda de la validez del indulto a Fujimori, al tomar en cuenta el contexto en que se ha suscitado, el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, anunció que como defensores de derechos humanos cuestionarán el “indulto humanitario” a favor del ex jefe de Estado. 

Rivera argumenta que con esta decisión se desconocen dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Huamanos, la cual se pronunció en su momento respecto a los casos de lesa humanidad cometidos por Fujimori.

"Vamos a cuestionar legalmente esta medida tanto en el ámbito nacional como internacional. Un indulto no es inapelable y lo vamos a cuestionar legalmente", adelantó.

"Se desconocen dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fujimori es un perpetrador de delitos de violación de los derechos humanos. Esto se hizo con un médico que antes atendió a Alberto Fujimori y con un acuerdo bajo la mesa, esto es en el ámbito legal", indicó el también abogado de las víctimas del régimen de Fujimori, quien aseguró que “este indulto es parte de una traición a la justicia”.

"Nosotros hemos decidido informar a la CIDH la cual solicitará en los siguientes días un informe al Estado Peruano y sobre esa base la Corte tomará una decisión. Probablemente llame a una audiencia de adición de cumplimiento cuyo periodo de sesiones comienza el 28 de enero", señaló Rivera.

De otro lado, el abogado penalista Mario Amoretti aseguró que la gracia presidencial no puede ser dada en caso de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, advierte el letrado, el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel por os delitos de homicidio calificado y secuestro agravado, pero no de lesa humanidad. 

En ese sentido, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) planteara una objeción, esta no tendría éxito debido a que el "Tribunal Constitucional ya lo ha establecido". No obstante, afirmó que la reparación civil por más de S/ 27 millones que debe pagar Alberto Fujimori no ha sido eliminada. Este dinero puede ser cobrado en cualquier momento por el Estado, aseguró.

(Foto de cabecera: Andina)

Notas relacionadas: