La resolución suprema Nº 281-2017-JUS, que oficializó el indulto a Alberto Fujimori, dice que el presidente Pedro Pablo Kuczynski también otorgó el derecho de gracia al exmandatario, con lo que borró de un plumazo no solo las cinco sentencias que pesan sobre el exdictador, evita que cumpla la totalidad de su condena más alta, de 25 años, por asesinato y secuestro —delitos considerados de lesa humanidad—, y garantiza que no vuelva a prisión por los juicios pendientes que tiene.
La decisión de PPK ha desatado renuncias en el oficialismo, protestas e indignación en amplios sectores del país, por las circunstancias en que se dio: a horas de la Navidad, de forma casi clandestina, sobre la base legal de un informe médico sesgado, sin respetar su compromiso de no hacerlo y apenas tres días después de salvarse de la destitución, gracias al ala albertista de Fuerza Popular, lo que refuerza la hipótesis de un pacto de impunidad bajo la mesa.
Fujimori tiene cinco sentencias judiciales firmes. La más alta que se le ha impuesto hasta ahora fue por los casos La Cantuta, Barrios Altos y Gorriti y Dyer, emitida el 7 de abril del 2009, por los que el exdictador fue condenado por asesinato y secuestro a 25 años de cárcel, tras 16 meses de audiencias públicas, en los que el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez supremo César San Martín, emitió un fallo histórico en un juicio que fue reconocido por la comunidad nacional e internacional.
El 11 de diciembre del 2007, Fujimori fue condenado a seis años de prisión por usurpación de funciones por ordenar a un militar que suplantara a un fiscal para allanar la casa de su asesor Vladimiro Montesinos, luego de la difusión del primer 'vladivideo', que supuso la caída de su régimen. En el 2008, la Segunda Sala Especial de la Suprema confirmó por unanimidad la sentencia por este allanamiento ilegal.
El 20 de julio del 2009, Alberto Fujimori fue condenado a siete años y medio de prisión por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica, al probarse el pago ilegal de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios (CTS). En este caso, el exdictador se allanó al proceso y aceptó los cargos, pero nunca tuvo propósito de enmienda y negó haber cometido algún delito.
El 30 de setiembre del 2009, se emitió la cuarta condena contra Alberto Fujimori: fue sentenciado por los pagos ilegales a congresistas tránsfugas, por el espionaje a políticos y periodistas, y por la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario "Expreso". En estos casos, el procesado también había admitido los cargos y se acogió a la terminación anticipada del proceso.
El 8 de enero del 2015, Fujimori fue sentencia por el caso de los diarios chicha, bajo el cargo de peculado, al haber ordenado el desvío de S/122 millones de los fondos de las Fuerzas Armadas al SIN para financiar a estos medios en los distraían a la opinión pública y difamaban a sus opositores. Pero en agosto del 2016, la Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida entonces por el juez Javier Villa Stein, lo absolvió y anuló la condena.
Las cuentas pendientes
La justicia chilena había aprobado ampliar la extradición de Alberto Fujimori en dos casos: Pativilca y Chavimochic; el primero de violación de derechos humanos; y el otro de corrupción. Así, el exdictador iba a ser juzgado en el Perú por estos temas, pero con el derecho de gracia que le dio PPK, ya no podrá se procesado.
En el caso Pativilca, Fujimori era acusado por autoría mediata —como en los casos Cantuta y Barrios Altos—, por la matanza de seis ciudadanos de en enero de 1992, a manos del grupo Colina. En julio pasado, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó al expresidente en este caso, por el que pidió 25 años de cárcel y el pago de una reparación civil de S/ 500 mil para los herederos legales de las víctimas.
Según el expediente judicial, la masacre de Pativilca se dio luego de que un empresario chino, que se disputaba un terreno con sus ocupantes, acusó falsamente a estas personas de senderistas, y pidió a un familiar cercano al general Nicolás Hermoza Ríos, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que "le diera una mano". Y este envió al destacamento militar a cargo del mayor del Ejército Santiago Martin Rivas a hacer lo que mejor sabían: secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer.
El técnico del Ejército Jorge Ortiz Mantas, quien fue parte del grupo Colina, confesó su participación en la matanza, y dijo que, además de Hermoza, dependían de Fujimori y del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.
En Chavimochic, Fujimori era acusado por el desvío de fondos del SIN para comprar dos terrenos en el proyecto de irrigación en La Libertad, a nombre del prófugo Augusto Miyagusuku, entonces presidente de la aseguradora Popular y Porvenir (PyP), quien actuó como testaferro del exdictador.
Montesinos declaró que Fujimori autorizó el uso de US$ 800.000 de fondos públicos para que Miyagusuku compre dos predios de 128 y 1,018 hectáreas, ubicados en el sector III del Proyecto Especial Chavimochic, presuntamente para él. El caso se ventila en la Cuarta Sala Penal.
El derecho de gracia a Fujimori también la salva de las investigaciones en curso por las esterilizaciones forzadas que hace dos décadas se iniciaron como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), en su gobierno y bajo el cual miles de mujeres, sobre todo de procedencia rural, fueron esterilizadas sin su consentimiento o con engaños. Muchas de estas víctimas, discriminadas por el Estado, no cesan hasta hoy en su incansable búsqueda de la verdad y justicia.
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