Discurso versus hechos concretos. La legisladora de Fuerza Popular Úrsula Letona, tuvo que salir a negar, públicamente en RPP, que su partido, el cual controla el Congreso, esté allanando el camino para la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, tal como lo han advertido desde el oficialismo, al buscar que el presidente sea investigado por el Parlamento desde ahora y no al acabar su mandato, como señala la Constitución.
"Ningún miembro de mi bancada ha señalado que debe vacarse. El único que hablo de vacancia presidencial fue el señor Moisés Guía que es del partido Peruanos por el Kambio o ellos que están insinuándolo. Nosotros tenemos clarísimo, por el bien del país, que el señor Kuczynski tiene que terminar su mandato en julio de 2021. Y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que así sea".
Pero lo cierto es que las acciones del fujimorismo no se condicen con su discurso, porque lo factual es que la bancada de Fuerza Popular puso en su mira primero al Tribunal Constitucional, luego al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y ahora a PPK, a quien pretenden obligarlo a comparecer ante una comisión investigadora, según un informe de opinión consultiva que aprobó este martes la Comisión de Constitución, ahora presidida por Letona, pese a que este grupo, cuando lo dirigía el también fujimorista Miguel Torres, ya había aprobado otro informe que establecía exactamente lo contrario.
Letona defendió el informe en mención, que se elaboró a solicitud de la Comisión Lava Jato, y negó que avale la posibilidad de que el mandatario sea acusado constitucionalmente durante su administración. Pero otra vez aquí hay un desfase en lo que ella alega y lo que dice el documento, porque el segundo párrafo del documento, en la práctica, sí abre es posibilidad en la opinión de expertos en derecho constitucional como Enrique Bernales. "Eso no es posible", refirió.
Y no es el único entendido en esta materia que cuestiona el informe que Letona defiende. El constitucionalista Aníbal Quiroga, quien incluso fue asesor del actual Congreso que domina el fujimorismo, calificó la decisión de la Comisión de Constitución como "un error constitucional y un error jurídico".
"El presidente de la República tiene una inmunidad jurisdiccional (...). No puede estar zarandeado por ninguna autoridad (...). No hay ninguna otra autoridad que personifica a la Nación".
Y a este ambiente enrarecido se suma lo que advirtió la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, quien manifestó que el "Congreso está trabajando un escenario golpista", en alusión al proceso por el caso El Frontón que ella y cuatro de sus colegas del TC afrontarán en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que puede acabar con su destitución, pero además a la acusación constitucional que Fuerza Popular decidió impulsar contra el fiscal de la Nación para destituirlo de su cargo.
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