El debate sobre la pena de muerte se ha planteado muchas veces en el Perú, luego de hechos que indignan y sublevan, como casos de violación sexual de menores, crímenes atroces que muchas veces quedan impunes o no reciben el castigo que la leyes contemplan. Pero el resultado siempre ha sido el mismo: es una medida inviable, por razones de peso; eso no evita, como sucede ahora, que los políticos de toda laya insistan en el tema, por pura demagogia.
El Congreso es terreno fértil para ello. "Hay escuchar lo que pide la calle", alegó la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Úrsula Letona, en un claro ejemplo de populismo. "La iniciativa surge a partir de un clamor popular", dijo su colega de bancada, Karla Schaefer, al anunciar la presentación de un proyecto de ley incorporando la pena de muerte para violadores de niños.
En el Ejecutivo, el presidente Kuczynski le tuvo que enmendar la plana a su ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien se pronunció a favor de la pena de muerte, al recurrir al alegato facilista pero popular de que es tres veces más caro mantener a un delincuente en prisión que enviar a un niño al colegio.
Pero el "clamor popular" no es fuente de derecho frente argumentos contundentes que explican por qué la pena de muerte es un castigo que se va erradicando en el mundo.
Inviable jurídicamente
La Defensoría del Pueblo recordó no en el Perú no se puede aplicar la pena de muerte para los violadores de niños que les causen la muerte, porque significaría renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además Constitución del país, como lo subrayó PPK, restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria y que en 1994 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-14/94, en la cual señaló que el Perú no podía ampliar los supuestos de pena de muerte.
Un eventual retiro de la Convención Americana tomaría al menos un año, pero no se puede renunciar a un artículo de este tratado, como sugirió el ministro Enrique Mendoza.
"Aplicar esta sanción para supuestos adicionales acarrearía la responsabilidad internacional del Estado por incumplir el tratado al que este mismo se obligó", explicó el congresista oficialista Alberto de Belaunde en una columna publicada en El Comercio.
No es disuasiva
La pena de muerte no ayuda a solucionar los problemas de una sociedad. Diversos estudios internacionales concluyen que no hay evidencias de que este castigo sirva para reducir los crímenes.
Por ejemplo, así lo sostiene un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que presentó en el 2012, tras analizar todos los estudios sobre el tema que se han realizado desde 1976. Un estudio presentado en Japón este año lo confirma, la igual que las sendas investigaciones que hizo la ONU (1998 y 2002).
Por ello, de a pocos, la pena de muerte se ha ido erradicando en el mundo. Por ley o de facto, 160 países la han abolido. En América del Sur y Europa casi no existe, aunque pocos países la contemplan para terrorismo en casos de guerra, como el Perú.
Un sistema judicial poco fiable
El sistema de justicia en el Perú es de lo menos confiables de la región, por obvias razones. El Poder Judicial y el Ministerio Público son dos de las instituciones con mayor rechazo entre los peruanos y muchas de sus investigaciones y sentencias se cocinan al margen del derecho.
En EEUU, donde el sistema de justicia funciona relativamente bien, en los últimos 10 años, se han anulado 34 sentencias de pena de muerte, según el Death Penalty Information Center, por falsa acusación, inconductas procesales, manipulación de evidencia forense, inadecuada defensa legal, entro otros motivos.
Lee también:
Defensoría del Pueblo explica por qué la pena de muerte es inviable en Perú
Carlos Rivera: "El ministro de Justicia no sabe dónde está parado"
Ministros toman distancia sobre posición de Enrique Mendoza sobre pena de muerte
PPK descarta la pena de muerte para violadores de niños como planteó su ministro de Justicia
