El reconocido abogado Carlos Rivera, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL) consideró este lunes que la postura del ministro de Justicia, Enrique Mendoza, a favor de legalizar la pena de muerte para violadores demuestra que "no sabe dónde está parado".
A través de mensajes en la red social Twitter, Rivera Paz señaló que con las declaraciones brindadas el último domingo que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de restaurar la pena capital en el Perú, en realidad se le está haciendo el juego "al más simplón y populachero fujimorismo". Poco después la congresista Úrsula Letona confirmaría su intención de presentar un proyecto de ley que recoja la propuesta.
En otros 'tuits' recordó las disposiciones internacionales que prohíben a nuestro país aplicar la pena de muerte, así como la gran cantidad de personas presas por el delito de violación sexual a menores que siguiendo la lógica de Mendoza deberían ser ejecutadas.
En entrevista a CanalN recordó que precisamente la evolución del propio estado sumada a otros factores ha impedido que este tipo de propuestas se lleguen a concretizar.
"El desarrollo y avance del estado de derecho ha impedido que propuestas de esta naturaleza contrarias al espíritu de un estado democrático, los compromisos internacionales y al contenido de la norma constitucional, se puedan materializar".
Reiteró que el hecho de que un miembro del Ejecutivo "se haga eco" supone un "despropósito", al tratarse de un tema que atenta contra los derechos fundamentales.
"Me parece un despropósito y mucho más cuando autoridades como el actual ministro de Justicia se ha hecho eco y se vuelve caja de resonancia de una propuesta totalmente contraria al respeto de los derechos fundamentales".
Recordó, además, que en el Perú cada vez que la discusión se ha puesto sobre el tapete se ha hecho en un contexto electoral o donde se ha buscado algún rédito político, una razón más que con el pasar del tiempo ha evidenciado su inviabilidad.
Tanto Rivera como el también prestigioso abogado Ronald Gamarra compartieron un informe jurídico de su autoría -junto al exministro Walter Albán y Felipe Villavicencio- realizado en 2007, en el que se analiza a profundidad el tema.
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