Para la ahora exprocuradora ad hoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, no existen las coincidencias en cuanto a su destitución como abogada del Estado. Este miércoles —a pocas horas de ser removida del cargo—, había programado una reunión con los representantes de Odebrecht para informarles cuál sería el monto de la reparación económica por los perjuicios económicos generados al Perú, que para su despacho debían ascender a unos S/1.000 millones.

El encuentro nunca se concretó. La constructora, que sobornó a funcionarios para adjudicarse millonarios megaproyectos, envió una carta informando que no podía asistir. Esto fue premonitorio de lo que pasaría en la noche, cuando la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció que la procuradora había sido despedida por haber "perdido la confianza" en su trabajo tras las decisiones tomadas en torno al proyecto de irrigación Olmos, y que la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica el Estado, Julia Príncipe, había renunciado a su cargo, porque estaba en contra de esa destitución.

Pérez Tello indicó que Ampuero desacató el Decreto de Urgencia 003, el cual busca impedir que el dinero de prácticas corruptas cometidas por empresas salga del país, pero a la vez garantizar la continuidad de proyectos y obras de inversión. Para la procuradora esta medida —que estará vigente solo hasta febrero de 2018— era insuficiente, ya que —aseguró— "con eso se corría el riesgo que Odebrecht pueda vender todos sus activos sin pagar la reparación civil al Estado".

La medida alternativa a la norma que presentó Ampuero fue aceptada el 6 de julio por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. El pedido de la procuradora permitiría "que cualquier acreedor de Odebrecht pida un préstamo o de como garantía las acciones de Olmos". La empresa reaccionó de inmediato y señaló a través de un comunicado que dicha medida bloqueaba la posibilidad de vender las obras del proyecto y con ello "los flujos necesarios para recuperar la cadena de pago y proceder al pago de la reparación civil al Estado".

Para Ampuero, esta sería una de las causas de su salida, pero la más importante —según explicó en una entrevista con Convoca.pe— es la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público por las transferencias bancarias del presidente Pedro Pablo Kuczynski a empresas asociadas a Odebrecht y que fueron desmentidas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Nunca me mandaron un correo, tampoco recibí una llamada. Lo que sí he tenido es información informal sobre la denuncia que se interpuso ante el Ministerio Público por las transferencias bancarias del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sabía que eso había disgustado mucho. También había disgustado mucho las preguntas que le hice al Presidente en el interrogatorio en Palacio de Gobierno por el tema de la Interoceánica”, dijo.

De acuerdo a lo dicho por Ampuero, mientras que la Fiscalía no incluya como investigada a la empresa Odebrecht ni a sus directivos, la Procuraduría no podrá exigir a la empresa el pago de una reparación civil. Es decir, que la constructora sea incluida dentro de la investigación penal. "Por eso han saltado por el tema de Olmos porque la Procuraduría ha chocado con el patrimonio de Odebrecht", señaló.

Para la exprocuradora es "gravísimo" que el Ministerio Público interfiera en las decisiones sobre la reparación civil que debe pagar la empresa, puesto que esto es competencia única y exclusiva de los abogados del Estado.

“Eso sería una vergüenza, aquí la que tiene que tomar decisiones sobre la reparación civil del Estado es la Procuraduría, no la Fiscalía, porque estaría yendo contra la Constitución Política del Estado”, señaló.

La aprobación de Concepción Carhuancho

Respecto a lo señalado por Pérez Tello, quien asegura que Ampuero no respetó el decreto 003, la exabogada del Estado afirmó que de ser cierta esta acusación, el despacho del juez Concepción Carhuancho también violó la ley al aprobar la prohibición de que cualquier representante de Odebrecht pueda transferir acciones de sus concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A.

“Yo le diría a la ministra: “mucho cuidado con lo que dice”. ¿Dónde está la independencia de poderes? En ese caso quien tiene que apelar es la empresa pero parece que quien estaría apelando es el gobierno”, resaltó. 

 (Foto de cabecera: Andina)

Notas relacionadas: