La decisión del juez Richard Concepción Charhuanco, de ordenar prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, ha desatado polémica y cuestionamientos de diversos sectores, incluidos críticos de la pareja, ya que sostienen que la medida es desproporcionada y que no se justifica.

Más allá de los argumentos y elementos que valoró el juez al aceptar el pedido de la fiscalía, para que proceda un mandato de prisión preventiva se deben dar al menos dos elementos de manera indubitable, explicaron diversos expertos: que los acusados obstruyan la investigación o que exista riesgo real de fuga.

"No veo ninguno de los dos", dijo el abogado y exministro Ántero Flórez-Aáoz, al señalar que la pareja se presentó a casi todas las diligencias y permanece en el país. En lo mismo coinciden los juristas Ronald Gamarra y Carlos Rivera, ambos críticos con el gobierno de Humala, y Christian Salas, quien fue procurador adjunto anticorrupción en la gestión nacionalista.

"Si algo se había podido percibir en los últimos meses es que Humala y su esposa estaban cumpliendo todas las disposiciones de la fiscalía y no pareciera ser que las circunstancias acreditaran una medida tan intensa y extrema", dijo a Efe Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien consideró, no obstante, que la mayor duda es por qué la fiscalía no presentó una acusación formal para abrir el juicio pese a que aparentemente tiene ya pruebas suficientes.

Incluso voces en la actual bancada de gobierno han cuestionado la medida. El legislador Salvador Heresi dijo que el juez debió haber decretado impedimento de salir del país. "La presión mediática no puede estar sobre el derecho", apuntó por su lado el también oficialista Gino Costa.

De hecho, tras escuchar la lectura del sentencia, el jueves último, Humala y Heredia se pusieron a derecho de manera voluntaria, un hecho también sin precedentes en la historia reciente del país, donde un expresidente como Alberto Fujimori fugó del país y fue condenado —por delitos de lesa humanidad y corrupción— solo luego de ser extraditado, y otro, Alejandro Toledo, está prófugo de la justicia, mientras Alan García —investigado por las coimas de Odebrecht en su último gobierno— está de paseo por España, desde donde incluso tuiteó sobre la situación de la pareja:

"Esta es la confirmación del abuso de poder al que nosotros haremos frente", dijo Humala en Twitter, en alusión a la medida de aseguramiento, mientras acudía al Palacio de Justicia a cumplir con el mandato judicial, mientras que Heredia hizo lo propio, con un mensaje en esta red social: "Gracias a los que no sentencian antes de tiempo y que creen en la inocencia". 

Abogado del expresidente nacionalista, Julio Espinoza, indicó que el trámite de impugnación de la orden de prisión preventiva tomará unos 20 días y espera una decisión "más razonable" de sala de apelaciones.

Hay quienes cree que estos excesos procesales podrían hasta implicar el éxito de la apelación, lo que a su vez debilitaría la posición fiscal y fortalecería a Humala, que podría presentarse como un perseguido político.

"La investigación fiscal tiene ya tres años, y ahora se plantea extenderla otro año y medio más.¿Porqué no acusa ya a los Humala? Eso hubiera sido lo adecuado, para que se abra la etapa de juicio y se resuelva el fondo del caso", refirió Rivera.

Ante las críticas, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, insistió en que el polémico fallo se emitió dentro del debido proceso, y subrayó que la entidad que preside no responde a presiones y "no recibe órdenes de nadie"; mientras que en el Ministerio Público, el fiscal superior Rafael Vela, el coordinador de las fiscalías de lavado de activos, dijo que el fallo contra Humala muestra que la justicia responde sin que hayan intocables.

Varas y coronas

Y hablando de intocables, la decisión judicial contra los Humala Heredia ocurre también en medio de serios cuestionamientos a la actuación del Ministerio Público en la investigación del caso Lava Jato en Perú, y los riesgos que esta enfrenta. Así, periodistas como Gustavo Gorriti, por ejemplo, han puesto en evidencia cómo se está "priorizando" y dosificando la información de los implicados en este caso, y la desidia mostrada por la fiscalía para ahondar las pesquisas sobre otros políticos, como Keiko Fujimori y Alan García.

Gorriti tuvo acceso a las 59 páginas que contienen las declaraciones que dio el 15 de mayo pasado en Curitiba, Brasil, Marcelo Odebrecht, ante un grupo de fiscales peruanos (Alonso Peña Cabrera, Rafael Vela y Germán Juárez), en las cuales se confirma que Humala no fue el único candidato al que Odebrecht había apoyado en las elecciones de 2011. 

El director de IDL-Reporteros, tras revisar y releer con detenimiento el testimonio de Curitiba, explicó que queda claro que Marcelo Odebrecht, a pedido de Lula da Silva, ordenó a Jorge Barata que hiciera el pago a Humala, pero también le dijo "apoya a Keiko más… apóyala a ella más". 

"Eso calza precisamente con la nota capturada el 2015 a Odebrecht, en la que apunta: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex: Venez)”, que IDL-Reporteros reveló, en exclusiva, hace poco. Asimismo, Odebrecht sostiene haber apoyado “probablemente al candidato del partido de Alan García".

Gorriti acusa a la fiscalía de utilizar solo la información de Humala, pero no hizo nada respecto a lo que declaró Odebrecht sobre Keiko ni sobre el Apra. "Además mintió en el comunicado en el que insinuó que yo faltaba a la verdad y utilizó el secreto para encubrir el tema", anotó.

"¿Que no estaba programado investigar otro tema que no fuera Humala? Eso es ridículo. Como dice una fiscal veterana, “un fiscal es siempre un fiscal … iniciamos investigaciones hasta por noticias de El Trome ¿y vamos a corrernos de una información valiosa como esa?".

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