Durante las más de dos hora de sesión de la Comisión Lava Jato del Congreso, la procuradora ad hoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, reveló que ninguna empresa peruana —como Graña y Montero, JJC Contratistas Gerenales, ICCGSA, entre otras— que participó en consorcios con constructoras brasileñas en la ejecución de obras por las que se habrían pagado sobornos, forma parte de las pesquisas del Ministerio Público.
Ampuero explicó que en las 37 investigaciones fiscales en curso solo se incluye a dos empresas vinculadas a Odebrecht y no a las 50 razones sociales que integra la constructora junto a otras empresas. Esta situación, señaló la procuradora, impide que se tomen acciones necesarias para asegurar el pago de la reparación civil al Estado.
Otro dato importante que dejó la defensora pública al grupo de trabajo que preside la fujimorista Rosa Bartra, fue que el fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato en el Ministerio Púbico, le comunicó este lunes que el exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, no será incorporado en las indagaciones del Metro de Lima tramo 1 y 2.
En el Perú, a Barata solo se le investiga por las irregularidades en la construcción de la carretera Interoceánica, tramos II y III, que involucra al expresidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva que hasta ahora no se puede ejecutar porque el exmandatario —acusado de recibir US$ 20 millones en coimas de Odebrecht— se encuentra en EEUU y no tiene intención de ponerse a derecho, por lo que el Perú iniciará un proceso de extradición.
Para garantizar el pago de la reparación civil al Estado, explicó Ampuero, la fiscalía debe incluir en los procesos de investigación a empresas peruanas que se hayan consorciado con las constructoras brasileñas vinculadas al caso Lava Jato y a sus representantes legales, para que puedan ser considerados en las sentencias como terceros civilmente responsables de las coimas a funcionarios.
DATO
► Katherine Ampuero brindó detalles de los problemas con los que se viene manejando el caso en la Fiscalía y en la Procuraduría, respecto a los montos tentativos de reparaciones solicitadas, cuáles son los casos y personajes investigados, el Decreto de Urgencia 001 del 2017 y su utilidad en preservar los activos de las empresas, entre otros importantes puntos.
(Foto de cabecera: La República)
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