Desde hace 10 días, niños y adultos afectados por la contaminación generada por la actividad minera en el distrito de Simón Bolívar (provincia de Pasco) se encuentran encadenados en el frontis del Ministerio de Salud (ubicado en el distrito limeño de Jesús María) para exigir atención médica para cerca de dos mil menores de edad que contienen plomo y otros metales en la sangre.
Como se recuerda, LaMula.pe acudió a la sede de dicha cartera y recogió testimonios de madres de familia. Ellos denunciaron que en su jurisdicción ingieren agua con metales pesados y coliformes fecales que ha generado graves enfermedades como leucemia.
Empero la gravedad de la situación, el Ejecutivo no le ha dado la atención necesaria a este delicado tema. Recién el 17 de junio, el Minsa emitió un comunicado en el que informó sobre los acuerdos tomados entre los afectados y las autoridades de ese sector, de los que se resalta la emisión de un decreto de emergencia sanitaria y disponer de un presupuesto para la construcción de un centro médico especializado.
Hoy miércoles 21 de junio, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) demandó que el Gobierno lidere el manejo de esta emergencia a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con un trabajo multisectorial que involucre a las ministerios de Salud, Ambiente, Justicia, Energía y Minas y Vivienda. No obstante, también se critica la flexibilización ambiental del Estado peruano.
"[...] el actual gobierno publicó este 7 de junio el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, mediante el cual se flexibiliza el ECA del aire y eleva el parámetro de emisión de dióxido de azufre diario de 20 ug/m3 a 250 ug/m3 e incrementa el número de veces en que una empresa puede superar dicho parámetro, de 3 veces al año a 7 veces por año, entre otras medidas; todos estos cambios implican un mayor deterioro en la calidad de vida de las personas ya afectadas y con graves enfermedades producto de la contaminación por metales pesados. Este decreto también favorece el accionar del Complejo Metalúrgico de La Oroya", dice el comunicado.
Asimismo, se señala que se ha denunciado ante el Poder Judicial y la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a los afectados que reclaman por mejoras para su salud. Esto -afirma la CNDDHH- "agrava la situación de afectación de las niñas y niños pudiendo incluso separarlas y separarlos de sus padres y generar un contexto de violencia social".
Respuesta del MIMP
Este portal se comunicó con el MIMP, que informó que ha recibido una denuncia de parte de la Fiscalía de Familia (instancia que ha actuado de oficio). "Mediante su dirección de investigación tutelar la evaluará y decidirá la medida más adecuada para los menores", señala dicho ministerio.
A su vez, se recordó que se viene dando apoyo y atención a los niños que han llegado a Lima con sus padres (como actividades de "contención e intervención con actividades recreativas"). De hecho, en un trabajo conjunto con las Demunas de Jesús María y Magdalena, se han llevado víveres. Asimismo, se está gestionando la posibilidad que adultos y niños pueda estar protegidos en albergues. El objetivo -afirma el MIMP- es priorizar el interés superior del niño. "En este caso específico, la idea es que estén al lado de sus familias en tanto no se les exponga al peligro", se recalcó.
[Foto de portada: Silvia del Carpio]
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