El contralor Edgar Alarcón se encuentra en el ojo público por la compra de más de 90 autos y camionetas, para acciones de compraventa, que hizo entre el 2002 y 2015. Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la República, esta actividad lucrativa está prohibida para los altos funcionarios de la entidad supervisora. Entre el 2013 y 2015, Alarcón ya era el número dos de la Contraloría y sin embargo adquirió vehículos de alta gama por un valor total de US$182 mil. Estas compras no fueron incluidas en su declaración jurada, como exige la ley.
Por este tema, en el Congreso ya alistan una moción para destituirlo, mientras que el Ministerio Público le abrió una investigación por otra denuncia en su contra: el caso del cese de la exempleada del área de Tesorería Marcela Emilia Mejía Franco, quien recibió en 2010 ,de forma presuntamente irregular, S/ 127 mil por liquidación, y otros S/ 100 mil por concepto de viáticos, cuando su sueldo era de solo S/3.350. Ahora se sabe que Alarcón, gerente de Finanzas de la Contraloría en ese entonces, mantenía desde hacía cuatro años una relación íntima con Mejía Franco, quien era su subordinada y con quien tuvo mellizos, según reveló este martes Útero.pe.
Sobre este último caso, el contralor no fue consultado en RPP, pero si sobre la adquisición de los 90 vehículos en el periodo indicado. Al respecto, Alarcón alegó que no corresponden a una actividad lucrativa:
"Estoy tranquilo porque tengo toda la información sustentada".
Es más, señaló que entre el 2013 y 2015, periodo en el que ya era vicecontralor, solo adquirió siete carros para uso propio y el de su esposa. Además, hizo especial hincapié en que estos vehículos fueron comprados de "segunda mano" y fueron producto de distintas renovaciones.
"No fueron una actividad lucrativa. Fueron carros de nuestro uso que se han vendido para renovarlos durante esos tres años", contó.
Este domingo, el programa dominical Cuarto Poder difundió un audio en el que Alarcón le pide al auditor Walter Grados Aliaga, quien puso la denuncia en su contra, retirar la denuncia que interpuso en el Congreso, pero que finalmente no prosperó.
"¿Qué pasaría si retiras la denuncia del Congreso? No quiero presionarte, no te estoy hostilizando. Por lo menos dame esa oportunidad (de retirar los cargos) y seguimos siendo amigos", se le escuchó.
Al respecto, el contralor dijo que falta contexto y rechazó haber intentado presionar a Grados.
"Le dije que retire la denuncia momentáneamente y que me permita hacer mi descargo. Si no le satisfacía, continuaba. No lo presioné. Además, el señor Grados sigue trabajando en la Contraloría, incluso, gana más que antes", dijo en RPP.
Por ello reafirmó que no cederá al pedido del oficialista Carlos Bruce para que renuncie a su cargo. "No voy a renunciar. Estoy haciendo las cosas bien y así voy a continuar", sentenció.
Estas acusaciones se han hecho públicas luego de que la Contraloría emitió su informe sobre las presuntas irregularidades en la firma de la adenda del contrato de Chinchero. A esto se le suma la grabación de una conversación que mantuvo con el ministro de Economía, Alfredo Thorne. Para Alarcón, esta situación causa suspicacia.
En entrevista con radio Exitosa, incluso comparó su caso con el de la carretera Interoceánica, pues el entonces contralor Genaro Matute advirtió que la empresa brasileña Odebrecht no podía ganar la buena pro por tener procesos judiciales pendientes contra el Estado, pero el gobierno del hoy prófugo Alejandro Toledo no hizo caso.
"Se repite la misma historia, yo estoy pasando por lo mismo que pasó Genaro Matute en ese tema, igual. Pedían la cabeza de Matute, había hostilización. Al final, vemos luego de 13 años lo que está pasando, eso tenemos que evitar".
Por su parte, el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó, este martes, que el gobierno haya ejercido presiones sobre Alarcón para que apruebe informe técnico del contrato y adenda del aeropuerto de Chinchero.
El contralor consideró que hay un "cargamontón" contra la Contraloría, incluso cuando la institución está haciendo las cosas mejor que antes. "La Contraloría dejó de ser la avestruz que antes metía la cabeza, no decía nada", alegó en RPP.
DATOS
En agosto del año pasado, el auditor Walter Grados Aliaga presentó la denuncia del caso ante la presidenta del Congreso, Luz Salgado, quien derivó el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —y no al grupo de Fiscalización—, por lo que la acusación se archivó por un tema "de forma y no de fondo". Es decir, nunca se investigaron las graves imputaciones.
El contralor rechazó especial cercanía con Fuerza Popular.
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