No esperó a que pase tanto tiempo para responder sobre compras sospechosas de vehículos de lujo y por el cese de una trabajadora del área de Tesorería de su institución.  El contralor general de la República, Edgar Alarcón, aseguró que las denuncias que han salido a la luz tras la entrega del informe de la Contraloría sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero, Cusco, son parte de una represalia en su contra y de su familia.

“[¿Esto es juego sucio por Chinchero?] Por supuesto que sí. Esta denuncia ingresó en paralelo al Congreso y a la PCM […] Tomo esa parte [de amenazas que se me hicieron], ‘te voy a dar donde más te duele’. Y donde más me duele, en realidad, es en mi vida familiar, personal, se están metiendo con mis hijos. Si Chinchero ha generado todo este problema, como dicen los jóvenes, qué piña, pues. Pero yo voy a seguir con mi trabajo firme en el compromiso que tengo con el país”, dijo en diálogo con 'Panorama'.

Según un reportaje de ‘Cuarto Poder’, Walter Grados Aliaga, auditor de la contraloría, halló compras sospechosas realizadas por Edgar Alarcón y sus hijos. Entre el 2002 y el 2015, compraron más de 90 vehículos –entre autos y camionetas– Audi, BMW y Jeep.

Entre el 2013 y el 2015, cuando era vicecontralor de la República, Alarcón adquirió nueve autos por un total de US$182.550, que nunca declaró, según la denuncia de Grados. Además, dio cuenta del caso del despido irregular de la ex trabajadora del área de Tesorería Marcela Emilia Mejía Franco. El auditor de la contraloría indicó que Mejía fue cesada con S/127 mil y otros S/100 mil bajo el concepto de pago de viáticos, cuando su sueldo era de S/3.350.

“La ex colaboradora, cuando se retira de la contraloría, se retira con su liquidación y beneficios sociales de acuerdo a ley. El único pago adicional que se le da es una compensación que permite nuestro régimen laboral, que son hasta doce sueldos […] En ese año que se retira también se le ha pagado a 36 colaboradores más. No es un caso excepcional”, afirmó Alarcón.
“[¿Usted lo gestionó?] De ninguna manera. Es un procedimiento que tiene el área de Recursos Humanos. Si te quieres retirar de manera voluntaria se te da esto. Se sustentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales [del Congreso]. Fue archivado. Qué raro que se vuelva a tomar”, indicó.

¿Qué pasó en Fiscalización?

Han quedado muchas dudas sobre la manera en que se tramitó la denuncia contra Alarcón en el Congreso. Esta fue derivada a la Comisión de Constitución y no a la de Fiscalización, que preside el fujimorista Héctor Becerril, como debió pasar, con un argumento poco consiste. 

Según la presidenta del Congreso, Luz Salgado, esto se dio debido a que se trata del contralor. El caso se terminó archivando por "unanimidad" en la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, que preside la también fujimorista Karina Beteta, pero "no por el fondo, sino por la forma". Es decir, las acusaciones contra Alarcón nunca se investigaron.

Por su parte, Becerril negó que haya tomado conocimiento de la denuncia contra Alarcón. El parlamentario escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que negaba “tajantemente” que el caso haya pasado por su despacho.

El factor Chinchero

Alarcón contó que, durante la reunión que sostuvo con el ministro de Economía, Alfredo Thorne, y con el ex titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, les dijo que no tomen el informe sobre el contrato y la adenda de Chinchero como “una guerra”, porque “es un trabajo técnico que ha realizado la contraloría”.

“El trabajo de la Contraloría es técnico. Hay un comentario que dice que no está la sustentación jurídica de la parte penal. Pero eso no va en el informe. Este es todo el documento de los siete involucrados penalmente. Los once son en la vía administrativa. [Se le acusa de trabajar con personas en el Congreso] Hay ese comentario desde que empecé. Por mi trabajo y la labor de fiscalización despacho con todos los congresistas que solicitan entrevistarse conmigo. Yo no tengo ningún compromiso con ningún partido político", mencionó.

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