Mientras Alejandro Toledo se pasea sin restricciones y se despacha a sus anchas en Estados Unidos, donde reside, el Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú alertan que las autoridades estadounidenses podrían rechazar el pedido detención provisoria con fines de extradición que pesa sobre el exmandatario, acusado de recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht.
Hace tres meses y medio que se realizó esa solicitud, pero nadie hasta en el Perú ha podido explicar en qué situación está el trámite, por ello cabe preguntarse, más allá del malestar expresado de ministros como Marisol Perez Tello (Justicia) o Carlos Basombrío (Interior), y de la protesta de Torre Tagle a sus pares de Surinam por invitar a Toledo —a pesar de su condición de prófugo de la justicia peruana— a un foro académico en la sede de la ONU, en Nueva York, ¿qué están haciendo las autoridades peruanas para lograr que el expresidente responda ante la justicia por los cargos que se le imputan?
Al parecer no mucho, porque hasta la fecha ni siquiera se contrata a un abogado para que le haga un seguimiento al pedido de detención de Toledo en EEUU. La ministra de Justicia, consultada al respecto, dijo que recién se está evaluando el tema. "Ya tenemos los tres nombres que le vamos a proponer al Consejo de Defensa Jurídica del Estado", indicó.
Pero eso no es lo más grave. El problema mayor se puede dar cuando se formalice antes las autoridades estadounidenses la segunda solicitud de arresto provisional con fines de extradición contra Toledo, esta vez por el caso Ecoteva, según reveló El Comercio, que alerta que esto podría generar el rechazo de ambos pedidos por un conflicto jurídico.
"La justicia de EEUU podría interpretar que Alejandro Toledo viene siendo juzgado en dos instancias penales por el mismo hecho delictivo: recibir y ocultar las coimas de la empresa Odebrecht", sostiene la nota del Decano, citando fuentes fiscales y judiciales.
Ambos requerimientos judiciales —el primero, enviado el pasado 10 de febrero, tras un dictamen del juez Richard Concepción, y el segundo que todavía no se remite, a cargo del juez Abel Concha, del Juzgado Penal de Lima 16— se sustentan en las coimas que Alejandro Toledo habría recibido de Odebrecht, pese a que provienen de dos expedientes fiscales distintos.
El abogado César Nakazaki dijo que los riesgos de los que alertan en el sistema judicial si se presenta la segunda solicitud de detención preventiva contra Toledo son legítimos, porque habrá que explicar muy bien a la justicia de EEUU cuál es la diferencia entre ambos pedidos.
"Acá se llama identidad de hecho y hechos conexos. La parte de la relación de Alejandro Toledo con los empresarios brasileños, eso no es tema Ecoteva".
El riesgo radica, según explicó la ex procuradora supranacional Delia Muñoz, citada por El Comercio, en que los jueces estadounidenses no acepten la diferenciación entre ambos pedidos porque sus cánones jurídicos son muy "especiales". Por ello, anotó la jurista, lo mejor es que se acumulen los casos Odebrecht y Ecoteva en un solo expediente.
"Si no unifican los casos, se va a caer en un punto que los norteamericanos no te aceptan, que es el ne bis in ídem; es decir que Alejandro Toledo no puede ser procesado por lo mismo dos veces".
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