El 14 de marzo pasado, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso peruano derogó el Decreto Legislativo N° 1333, que simplifica el acceso a predios para proyectos de inversión priorizados. ¿La razón? Los parlamentarios la consideraron lesiva para los derechos sobre las tierras y el territorio de los pueblos indígenas del país.
Ahora, lo que falta es que esta decisión, que contó con el voto favorable de los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular (FP), Frente Amplio (FA), Acción Popular (AP) y el Apra, sea aprobada por el Pleno del Congreso. Si hasta el momento no se aprueba esta derogatoria es porque, según la Confederación Nacional Agraria (CNA) y otras organizaciones indígenas del Pacto de Unidad, existen presiones que vienen desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este decreto, promulgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada (APIP) como una institución adscrita a Proinversión con plenos poderes y atribuciones para impulsar y llevar a cabo el saneamiento físico-legal de las tierras públicas, privadas y comunales, sobrepasando las competencias del Ministerio de Agricultura y Riego, COFOPRI y de los Gobiernos Regionales.
Según la CNA, este decreto pretende avalar los procesos de titulación y despojo de las tierras que demandan los proyectos de la "gran inversión privada" y pone al Estado Peruano a su servicio. Una situación considerada inaceptable y por la cual exigen su inmediata derogatoria.
A continuación, compartimos algunas de las razones expuestas por los congresistas en la Comisión de Constitución:
Este decreto "nos remite a la Ley N° 30230, una ley que actualmente tiene una demanda de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional", explicó Patricia Donaire (FP), quien además dijo que el APIP también está encargado de implementar el DL1192, otra norma que está cuestionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, María Elena Foronda (FA) advirtió que este decreto podría polarizar al país. "Hemos vivido momentos de conflictividad muy altos que no queremos repetir. El último informe de la Defensoría del Pueblo habla de más de 260 conflictos, muchos de ellos de origen ambiental, por la falta de consulta previa", manifestó.
La 'ley de despojo' vulnera, además, el derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta previa, según Tania Pariona (FA), quien explicó que para reubicar a una población o comunidad "se requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos". "No es posible que vayamos a tener una APIP que va a definir la reubicación de los pueblos indígenas", añadió.
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