Legisladores de distintas bancadas del Congreso se pronunciaron en contra del proyecto de ley presentado por la congresista de Fuerza Popular (FP) Alejandra Aramayo –sí, la misma de la ley mordaza y sobre quien pesan denuncias de extorsión– y suscrito por otros siete legisladores de su agrupación parlamentaria. Esta iniciativa plantea excluir el delito de minería ilegal y sus modalidades de la Ley contra el Crimen Organizado.
El 28 de marzo pasado, la Comisión de Justicia del Legislativo admitió ese proyecto que propone modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado y en el Código Penal, a fin de que quienes sean parte de la minería ilegal –aquellos que trabajan en zonas no aceptadas por el Estado para la explotación de minerales y que por tanto no pueden acogerse al proceso de formalización– sean exonerados de investigaciones y sanciones como miembros de organizaciones criminales, reveló El Comercio.
MINERÍA con futuro (Foto)
Todos contra el proyecto
Según la iniciativa fujimorista, procesar a mineros ilegales como cabecillas o dirigentes de bandas delictivas no solucionaría el problema del proceso de formalización minera. Sin embargo, esta posición ha sido criticada por la mayoría de parlamentarios, entre ellos el vocero titular de la bancada Peruanos por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, quien cuestionó que desde el Congreso se presente una iniciativa que proteja el delito de minería ilegal, que no solo provoca contaminación ambiental, sino que genera otras actividades ilegales, como la trata de personas, la explotación sexual, la extorsión, el sicariato, entre otros.
“Es un proyecto totalmente inconveniente porque la minería ilegal degrada la calidad de vida y genera delincuencia y auspicia ilícitos como la trata de personas”, dijo el legislador Yonhy Lescano, vocero de Acción Popular (AP).
Asimismo, comentó que sus colegas de bancada coinciden en que los delitos de minería ilegal deben continuar regulados bajo la Ley contra el Crimen Organizado, ya que –según Lescano– es la mejor herramienta para enfrentar un problema tan complejo. “Parece más una iniciativa para obtener réditos políticos”, agregó el acciopopulista.
“La minería ilegal no está tan solo en La Pampa [Madre de Dios] o en La Rinconada [Puno], hay zonas donde actúan los mineros ilegales en todo el país. Confío en que Fuerza Popular hará una evaluación seria de este proyecto y sea retirado”, dijo por su lado la congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso (APP) .
De otro lado, el parlamentario del Frente Amplio (FA) Alberto Quintanilla manifestó que la iniciativa de Aramayo debe ser archivada, debido a que ya la ley dispone sanciones a los mineros ilegales que se alían con el crimen organizado. No obstante, advirtió que el Gobierno de Pedro Pablo Pablo Kuczynski debe tener el compromiso de mejorar el proceso de formalización para miles de mineros informales que no incurren en actividades delictivas.
Incluso el legislador Héctor Becerril, compañero de bancada de Aramayo, reveló que en algunas ocasiones ha firmado proyectos de ley con lo que no está de acuerdo; además, aseguró que dicha iniciativa legislativa aún no ha sido vista en la bancada y por ende la responsabilidad recae en quien lo presentó y no en quienes lo suscriben, pues ellos solo cumplen con una formalidad. Vale precisar que Becerril no firmó el proyecto, pero sí lo hizo, por ejemplo, el vocero de la bancada, Luis Galarreta.
(Foto de cabecera:CanalN)
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