La congresista de Fuerza Popular (FP) Alejandra Aramayo –sí, la misma de la ley mordaza y sobre quien pesan denuncias de extorsión– presentó en el Congreso otro polémico proyecto de ley, este vez el 1095, que busca excluir el delito de minería ilegal del marco de la ley de crimen organizado.
La iniciativa legislativa, que lleva las firmas de los legisladores fujimoristas Lucio Ávila, Luis Galarreta, Guillermo Martorell, Yesenia Ponce, Gilmer Trujillo y Juan Carlos Yuyes, plantea cambios a la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley 30077) y al artículo 307-A del Código Penal sobre delitos ambientales, reveló El Comercio.
El proyecto ya está en la Comisión de Justicia del Congreso para su debate y eventual aprobación, y en la exposición de motivos sostiene lo siguiente:
"Resolver el problema [de la minería ilegal] endureciendo el régimen sancionatorio penitenciario, tratando como cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales a mineros ilegales a los que el Estado no les ha facilitado el proceso de formalización de manera adecuada, […] no es la solución a una problemática que el Estado no ha sabido resolver".
La minería ilegal fue incluida como delito de crimen organizado en octubre del 2016, por el actual Gobierno. Lo hizo con el Decreto Legislativo 1244, a través del cual se endurecen las penas para los delitos de crimen organizado. La norma dice que quien integre una banda criminal recibirá una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años, mientras que los jefes o financistas de la organización recibirán de 15 a 20 años de prisión.
La legisladora aramayo otra vez en el ojo de la tormenta por un proyecto de ley. (Perú21)
¿Qué dicen los expertos?
Que uno de los graves errores del proyecto fujimorista es la confusión en que incurre al mezclar el proceso de formalización –para mineros informales no ilegales– con la lucha contra el crimen organizado dentro de la minería ilegal, que incluye casos de lavado de activos, explotación sexual, trata de personas, sicariato, entre otros.
"Este proyecto de ley excluiría del todo un delito tan grave que, bajo todas las circunstancias, debe investigarse como crimen organizado", advirtió el exministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal.
El director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, también criticó la propuesta, al señalar que no tiene ni pies ni cabeza. "La minería ilegal califica como crimen organizado; atañe mafias, sicarios, corrupción de funcionarios y hasta formas de esclavitud", subrayó.
La inclusión de la minería ilegal como delito de crimen organizado permite también que agentes encubiertos se infiltren en las mafias y que se levante el secreto de las comunicaciones a los implicados, entre otros mecanismos. Todo se perdería de prosperar la iniciativa de Aramayo, quien aún no se ha pronunciado respecto a las críticas y cuestionamientos.
DATO
En el 2016, la minería ilegal en el Perú generó 2,6 millones de dólares, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
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