Post: Defensa de Humala traza su estrategia legal: invalidar como pruebas los audios del caso Madre Mía

Tras algunos intentos fallidos por reabrir el caso Madre Mía en plena campaña presidencial del 2011, ahora esta posibilidad vuelve perseguir a Ollanta Humala, tras la aparición de audios de interceptaciones telefónicas que confirmarían la compra de testigos en este proceso.

Pero la defensa legal del exmandatario anunció una estrategia para impedirlo, que pasa por invalidar como prueba las grabaciones bajo el argumento de que tienen un origen ilícito, aunque el Ministerio Público sostiene que las intercepciones en mención se hicieron con autorización judicial en el marco una investigación penal contra el cabecilla senderista 'Artemio'.

Julio Espinoza, uno de los abogados de Humala dijo que invalidar las escuchas "es nuestra pretensión y lo plantearemos", a través de un recurso de tutela o acción de amparo. "Esperaremos que concluya el reconocimiento de los audios y luego nos dedicaremos a ese tema", precisó el letrado a Perú21.

En 2009, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema archivó, en última y definitiva instancia, el proceso a Ollanta Humala, acusado de la desaparición y asesinato de los esposos Natividad Ávila Rivera y Benigno Sulca Castro, así como de la tortura de Jorge Ávila Rivera, hechos que, según la denuncia, ocurrieron en 1992, cuando el ahora expresidente era jefe de la base militar contrasubversiva de Madre Mía (San Martín).

Wilfredo Pedraza, abogado de la esposa de Humala, la ex primera dama Nadine Heredia, también anunció no solo acciones de carácter procesal sino también de índole penal para que se establezcan responsabilidades respecto a las razones por las cuales se incorporó a la investigación del caso 'Artemio' a dirigentes del Partido Nacionalista. "Esa sería una excusa para interceptar comunicaciones con fines políticos. No olvidemos que estábamos en plena campaña electoral", refirió.

Por lo pronto, Espinoza ya solicitó al fiscal Germán Juárez Atoche —a cargo de las pesquisas sobre el origen del financiamiento al nacionalismo— que no incluya los audios en su pesquisa porque no corresponden al caso de lavado de activos:

"Lo que cuestionamos es que después de seis años se trasladen a la Fiscalía de Lavado de Activos esas transcripciones. Lo que la ley dice es que luego de que el juez autoriza su interceptación para el caso que fueron obtenidas, deben ser desechadas. Se ha vulnerado la ley"

Pero lo cierto es que las grabaciones vinculadas al caso Madre Mía ya no están en la manos de Juárez si no en la Cuarta Fiscalía de Terrorismo, que debe tomar una decisión al respecto.

¿Qué tan factible es que se reabra el caso?

Esa es una discusión jurídica ya está tomando vuelo, a la luz de los nuevos indicios y pruebas que apuntan a que en el proceso por violación de derechos humanos en contra de Humala se compraron testimonios. El expresidente anunció esta semana otro elemento de su defensa: la "cosa juzgada". ¿Qué implica esto? Que un proceso judicial con sentencia firma ya no puede ser reabierto, según nuestro ordenamiento jurídico.

¿No es posible una revisión de la sentencia? Según el el Código Penal de 1940, que fue le que se aplicó para ese proceso, una revisión solo es posible si el fallo final constituye una condena injusta para el procesado. Pero en este caso fue favorable para Humala.

Humala en los 90, cuando era un militar en actividad. Diversos testimonios lo sindican de ser el 'capitán carlos'.

¿Y si se apela al recurso de cosa juzgada fraudulenta? Tampoco sería factible, porque así el proceso haya estado viciado por irregularidades como la compra de testigos, este recurso solo se puede interponer en un plazo máximo de seis meses luego de la sentencia, explicó a El Comercio el jurista Enrique Ghersi. Y Madre Mía se resolvió en el 2009.

Por ello, la mayoría de expertos considera que el camino más factible sería la vía supranacional. Es decir, el sistema interamericano de justicia. ¿La razón? Al ser un caso sobre presuntos delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí podría anular el fallo absolutorio a favor de Humala.

"Se tendría que presentar el caso y decir que las normas locales impiden reabrirlo. La corte puede decir que estamos entendiendo mal la cosa juzgada y decretar la reapertura", explicó el abogado penalista César Azabache.