David Kaye, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunciaron sobre la libertad de prensa en Venezuela.
"Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión", expresaron en un comunicado que recogió el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela en su página web.
Ambos relatores rechazaron la censura oficial y bloqueo de espacios informativos tradicionales y digitales por parte del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. ¿El motivo? Por cubrir las protestas contra el régimen venezolano.
"Buena parte de los medios televisivos se encuentran bajo control del Gobierno, mientras que el sector privado opera con restricciones debido a que han vencido sus licencias y las autoridades se niegan a renovarlas desde hace más de dos años", expresaron.
A su vez, Kaye y Lanza enfatizaron que las regulaciones y limitaciones gubernamentales hacia medios webs y televisoras que trasmiten vía Internet, incluso dentro de un estado de emergencia, "son desproporcionadas e incompatibles con los estándares internacionales".
Agregaron "que tanto antes como después del quiebre constitucional, denunciado por organismo internacionales", defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de la sociedad civil han visto "deteriorarse" los espacios para expresar sus posturas.
El Internet en la mira
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela hizo público -el pasado 4 de abril- el Estudio Censura y Autocensura 2016: Un Minuto de Silencio que recoge las consultas hechas 252 periodistas de 18 regiones del país llanero. En dicho estudio se califica como recurrentes las restricciones para el acceso y la consulta de contenidos en Internet. De hecho, un 57% de los entrevistados señaló tener este tipo de impedimentos.
La misma organización, cuatro días después, informó sobre la censura de VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV, canales de televisión por Internet por parte cinco proveedores estatales (Cantv, Movilnet) y privados (Movistar, Inter, y Digitel). Esta acción fue comprobada por la organización Venezuela Inteligente que reveló que el bloqueo fue por DNS, los cuales no permiten que las solicitudes IP (petición de conexión a una dirección de un portal en Internet), hechas por los internautas, encuentren el dominio web que ha sido bloqueado. Esta problemática afectó a ciudades como Caracas, Maturín, Coro, Maracay, y Valera.
"Estos casos se ejecutaron sin las garantías del debido proceso, un derecho constitucional, debido a que no hubo una orden expresa de censura por parte del Estado o de las teleoperadoras", dice la nota informativa de IPYS Venezuela.
El reporte del bloqueo coincide con el desarrollo de protestas contra el régimen de Maduro.
[Foto de portada: EFE]
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