El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de comunicaciones de la ex primera dama Nadine Heredia y de Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, en el marco de la investigación por el presunto favorecimiento de la empresa brasileña en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano (GPS), adjudicado durante el gobierno de su esposo, el expresidente Ollanta Humala.
El juez Juan Carlos Sánchez aprobó el pedido del titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, Reynaldo Abia, quien está a cargo de las pesquisas por colusión y negociación incompatible en este caso, en el que están implicados, además de Barata, otros directivos de la constructora brasileña y del resto de empresas que integraron el consorcio, como la peruana Graña y Montero y la española Enagás.
La medida también alcanza a David San Frutos Tome, director ejecutivo de la Consecionaria Gasoducto del Sur, Mariana Demoro Simoes, Rodney Rodriguez de Carvalho y Luis César Lindgren Costa, directores de Odebrecht Latinves, según la resolución judicial.
Así, el fallo establece que las compañías telefónicas deberán entregar a la fiscalía los números telefónicos utilizados por las personas en mención, el tráfico histórico de llamadas entrantes y salientes, la ubicación de los equipos desde los cuales se hicieron las llamadas y los mensajes de texto y emails enviados y recibidos con los equipos, entre enero del 2011 hasta diciembre del 2016.
En enero pasado, el gobierno de PPK retiró la concesión al consorcio encabezado por Odebrecht del GSP, tras aplicar la cláusula anticorrupción y la ejecución de la carta fianza, ante sospechas de corrupción en el proceso de licitación de este proyecto que se realizó en la gestión de Humala.
El fiscal Abia incluyó en su investigación a exministros del gobierno nacionalista, como Luis Miguel Castilla (Economía), Milton von Hesse (Vivienda), y Juan Manuel Benítez (Agricultura), al sindicarlos de haber modificado leyes que favorecieron a la constructora brasileña en el proceso de adjudicación del proyecto gasífero del sur, así como a los exfuncionrios de ProInversión que se inclinaron por la oferta del consorcio GPS.
(Foto de cabecera: Andina)
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