"Es como si a la mitad de un partido, se cambiaran los árbitros y se ordenara un nuevo juego", dijo una fuente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción a Hildebrandt en sus trece en referencia a la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) de ordenar que todos los expedientes por delitos de corrupción de de funcionarios, vistos en la Sala Penal Nacional, pasen al nuevo sistema especializado anticorrupción creado por el Ejecutivo a través del Decreto Legislativo 1307.
"Créase el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, y encárguese su implementación a la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los cuales deberán designar a los órganos competentes", dice dicha norma publicada el 30 de diciembre del 2016.
En ese contexto, la Resolución Administrativa N° 131-2017 firmada por Durbelí Rodríguez, titular del Poder Judicial, ordena que los cuadernillos del caso Odebrecht sean derivados, de forma inmediata, a los nuevos Juzgados de Investigación en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ¿Qué procesos se encuentran entre ellos? La lista no es pequeña ciertamente e incluye casos que están "en investigación preparatoria como los sobornos de la Interoceánica, los casos Nadine Heredia, Félix Moreno e incluso la investigación preliminar a Alan García", anota el informe del semanario.
Como consecuencia, los jueces que veían, hasta ahora, casos emblemáticos de corrupción ya no podrán hacerlo. De hecho el miércoles 12 de abril, el juez Concepción Carhuancho debía resolver el pedido de prescripción del delito de tráfico de influencias que pesa sobre Jorge Barata, quien fuera director de Odebrecht en nuestro país. La audiencia, empero, tuvo que suspenderse a causa de la referida resolución publicada ese mismo día en El Peruano pero que se debatió dos días antes.
De hecho, los vocales José Luis Lecaros y Alfredo Álvarez se opusieron a la propuesta de Rodríguez (que fue apoyada por los vocales Ramiro de Valdivia, Rosa Vera y Augusto Rudíaz).
En la argumentación de su voto, Lecaros consideró que la directiva podría afectar el inciso 3° del artículo 139° que establece el principio de Juez Natural, el cual señala "que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción determinada por la Ley".
" [...] siendo que los órganos del sistema anticorrupción han sido creados con posterioridad a la iniciación de los procesos que están en la Sala Penal Nacional y que los Jueces de este nuevo sistema han sido nombrados discrecionalmente por el Consejo Ejecutivo, se podría afectar el referido principio constitucional", explica.
Álvarez- por su parte- expresó que los jueces de los órganos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional, que han estudiado los procesos de delitos de corrupción de funcionarios, debían continuar con ellos hasta su resolución.
¿Por qué el cambio?
Quien también se mostró en contra de la directiva del CEPJ fue Avelino Guillén. El exfiscal supremo saludó el trabajo de la Sala Penal Nacional, bajo la coordinación de la jueza Inés Villa Bonilla.
"En los últimos tres meses, la Sala Penal Nacional dejó en evidencia su profesionalismo para tramitar procesos de extrema complejidad. Ha quedado demostrado el conocimiento y preparación de sus integrantes", dijo al semanario.
En su opinión lo que el Poder Judicial debió hacer fue "capacitar a sus integrantes y dotarlos de recursos humanos y equipos necesarios" aunque aun sin esa ayuda -recalcó- han "dado muestras de su gran labor".
El abogado también tuvo palabras de elogio para la magistrada Villa. "Con ella, al mando, la Sala Penal ha dado muestras de que, sin mayores inversiones económicas, se puede cumplir con una función como el servicio de justicia".
Entonces, si había buenos antecedentes, ¿por que este cambio radical? ¿Habrá giros extraordinarios en los casos emblemáticos de corrupción? Lo sabremos con el pasar de la semanas.
[Foto de portada: Andina]
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