Desde dentro y fuera de Venezuela, la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, de asumir las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, y acusaron al presidente Nicolás Maduro de perpetrar un "golpe de Estado".

Ahora los parlamentarios y dirigentes de la Unidad Democrática, el mayor frente opositor, se alistan para volver a las calles y combatir desde ahí la ruptura del orden constitucional en Venezuela por la decisión del TSJ, lo que agrava el choque de poderes y la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Por lo pronto, este viernes, en una rueda de prensa, anunciarán los próximos pasos que darán.

Para evitar los ya conocidos ataques de los cuerpos policiales contra los manifestantes, el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), Julio Borges, se reservó la agenda de protestas. “No queremos que el Gobierno nos venga a reprimir desde ya, lo vamos a hacer en su momento y lo vamos a hacer en compañía del pueblo venezolano en todos los rincones del país”, dijo el diputado.

El máximo tribunal de Venezuela decidió eñ miércoles por la noche suspender las funciones del Parlamento bajo el argumento de que se encuentra en "desacato" desde el año pasado, al haberse negado a cumplir varias de las sentencias del Supremo, como la prohibición de que tres diputados opositores asumieran el cargo hasta que se aclararan las denuncias de fraude electoral.

La medida ha provocado la reacción inmediata de los diferentes grupos de la oposición, hasta el punto de que Borges ha apelado al Ejército para que defienda la democracia, pero lo cierto es que la cúpula del instituo armado está con el chavismo y parece poco probable que cambie de posición, pero nunca se sabe cuál será el desenlace en este tipo de situaciones límite.

Hasta ahora, en la región, Perú ha expresado su rechazo a esta suerte de autogolpe y ha retirado de manera definitiva a su embajador en Caracas en señal de protesta, y países como Colombia o México hicieron pública su preocupación por la decisión del TSJ que supone el fin de la separación de poderes en Venezuela.

Las manifestaciones en contra de la medida judicial no se hicieron esperar. El jueves, un grupo de diputados opositores fueron los primeros en protestar frente a la sede del Supremo, pero fueron reprimido por militares y seguidores del chavismo. “Tenemos que salir, protestar y pelear por nuestros derechos… Vienen días muy difíciles para Venezuela”, afirmó Carlos Paparoni, un parlamentario agredido.

Por su parte, Cilia Flores, la primera dama de Venezuela y diputada oficialista, justificó el golpe institucional del gobierno de su esposo, Nicolás Maduro. “La Asamblea, estando en desacato, se auto anuló y los vicios, derrotas y ese proceder errático del Parlamento venezolano lo llevaron a esa sesión de la OEA para acabarla, terminar de destruirla. Eso es lo que está haciendo esta derecha. Todo donde ellos pisan no crece más la hierba”, declaró para la televisión estatal VTV.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó como un "autogolpe de Estado" la disolución del Parlamento. El mismo jueves Almagro convocó a una reunión del Consejo Permanente de la organización con carácter de urgencia apelando al artículo 20 de la Carta Democrática. Hasta ahora 20 de los 35 Estados miembros se encuentran de acuerdo con establecer una hoja de ruta para la recuperación de la democracia en Venezuela y se necesita el apoyo de los dos tercios.

Maduro no ha hecho declaraciones a ningún medio y su gabinete tampoco se ha extendido en menciones sobre el despojo de las competencias a los parlamentarios.

(Foto de cabecera: Faro de Vigo)

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