El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que controla el chavismo, informó que asumirá por completo las competencias de la Asamblea Nacional (Congreso), de mayoría opositora, bajo la excusa de que este poder del Estado continúa actuando en "desacato", lo que motivó que unas 45 organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas expresaran su rechazo a este nuevo golpe al sistema democrático en Venezuela.
La sentencia número 156 ordena que la Sala Constitucional del TSJ asuma el rol del Parlamento para garantizar el “Estado de derecho”. La decisión del alto tribunal llegó después de que se autorizara que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tiene impedimentos para constituir empresas mixtas y, por lo tanto, no debe contar con el respaldo de la Asamblea Nacional para hacerlo por medio de un recurso de interpelación hecha pública en una sentencia.
El TSJ justifica la implementación de la conocida "Omisión Inconstitucional parlamentaria" para avalar la creación de empresas mixtas con carácter de "urgencia. Esta figura jurídica conlleva que "no existe impedimento alguno" para que el régimen chavista pueda crear empresas en aplicación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y que el Ejecutivo "informe" directamente al Supremo "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".
El Supremo le quita la también a la Asamblea la facultad de modificación y negociación de las condiciones propuestas para la creación de las empresas mixtas por parte del Gobierno. Es decir, el Parlamento no podrá modificar o anular las decisiones del Ejecutivo.
“Mientras más persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para verla por el Estado de Derecho”.
Este maniobra del oficialismo no es la primera. El martes pasado, el Supremo le retiró la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
“Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”, dijo el mandatario venezolano.
A través de un comunicado en conjunto, unas 45 ONG venezolanas declararon que rechazan "el control constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional, reiterando el actual poder dictatorial del presidente de la República”.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia sostiene que “con la sentencia que elimina la inmunidad parlamentaria a los diputados podemos tener más casos como el de Gilber Caro en Venezuela. Se trata de algo grave”.
El presidente Maduro acusó a los parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional de traición a la patria, por aprobar un acuerdo en respaldo a la propuesta de la Organización de los Estados Americanos(OEA) impulsada por su secretario general, Luis Almagro, que busca activar la Carta Democrática Interamericana en el país. El mandatario dictaminó el martes pasado que que ejecutaría una agenda ofensiva en “defensa de los pueblos”.
Imagen de cabecera: EFE
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