No solo el expresidente Alejandro Toledo emitió normas a favor de Odebrecht. Según la Contraloría, su sucesor, el exmandatario Alan García también promulgó hasta tres decretos de urgencia para impulsar millonarios proyectos públicos que fueron adjudicados a la empresa brasileña.
Así lo informó el órgano de control a la Comisión Lava Jato del Congreso, que investiga las coimas que pagaron en el país las empresas brasileñas para ganar contratos con el Estado. Incluso, esos dispositivos limitaron las funciones de la Contraloría.
El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergética Olmos, en Lambayeque, y el Proyecto Especial Chavimochic, en La Libertad, fueron los que se beneficiaron con los decretos emitidos por García Pérez, quien fue denunciado por la Procuraduría Ad Hoc esta semana por haber promulgado normas que favorecieron a Odebrecht en la ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima.
La información que entregó la Contraloría al grupo investigador del Congreso apunta a revelar que en el Perú se creó" todo un andamiaje jurídico y legal en los últimos años" para favorecer a Odebrecht, según fuentes de la Comisión Lava Jato que cita La República.
La información sobre los tres decretos de urgencia emitidos en el último gobierno aprista llegó al Congreso en enero pasado, cuando el contralor, Édgar Alarcón, se presentó ante la comisión y entregó más de 20 informes sobre las irregularidades detectadas en obras a cargo de Odebrecht y otras empresas brasileñas vinculadas al escándalo de Lava Jato, como OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez.
Los decretos
El 18 de diciembre de 2008, Alan García emitió el primer decreto de urgencia bajo sospecha, el Nº 047-2008, en cual alega que "la crisis financiera internacional viene limitando los procesos de inversión a nivel global", por lo que se dictaron medidas extraordinarias para promover las concesiones del Proyecto Especial Chavimochic, la Carretera Interoceánica Centro, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y otras obras públicas.
El proyecto Chavimochic se lo entregaron a Odebrecht y a su socia peruana Graña y Montero, que también ganaron la buena pro del Metro de Lima, obra en la que la empresa brasileña pagó más de US$ 7 millones en coimas, según la Fiscalía, y por el que hay, por ahora, tres exfuncionarios del último gobierno aprista presos.
De acuerdo con al información que obra en la Comisión Lava Jato, con el decreto 047-2008 se buscó limitar la capacidad de la Contraloría para solicitar información adicional antes de emitir una opinión previa a la concesión.
El otro dispositivo legal que menciona el órgano de control es el Nº 043-2009, promulgado el 16 de abril de 2009, decreto de urgencia que declara de necesidad pública la ejecución de las obras de irrigación y la intangibilidad de los terrenos que conforman el Proyecto Olmos, el cual fue adjudicado también a Odebrecht en 2010 mediante el concesionario H2Olmos SA.
Por último, la Comisión Lava Jato recibió información sobre el Decreto Supremo 121-2009, que prioriza la promoción de la inversión privada de diversos proyectos, entre ellos, una vez más, Chavimochic, que tuvo como concedente al gobierno regional de La Libertad.
Bajo sospecha
En el Ministerio Público no solo se investiga la concesión del Metro de Lima, sino también los proyectos de Olmos y Chavimochic. Lo que aumenta las sospechas de las autoridades judiciales es que en estos casos en los que Odebrecht se adjudicó la buena pro hay dos elementos en común: los decretos de urgencia para allanar la concesión y el incremento del valor inicial de las obras, que en algunos casos fue del doble.
En el caso de Chavimochic, las obras se paralizaron en diciembre de 2016 y el consorcio solicitó la aprobación de una adenda por 100 millones de dólares, pero esta no fue rechazada por el presidente regional de la Libertad, Luis Valdez Farías. Ahora el Ministerio de Economía evalúa rescindir el contrato de concesión por 240 millones de dólares originalmente, ante las dificultades financieras de Odebrecht y las sospechas de corrupción.
La concesión de Olmos tuvo varias modificaciones en los últimos años y se firmaron al menos cuatro adendas.
Ahora, ambos proyectos tiene un futuro incierto.
DATOS
- La comisión Lava Jato tiene en su poder información sobre 11 normas para que se facilite la concesión de proyectos de infraestructura emitidas entre el 2004 y 2014, periodo que comprende los últimos dos años de gobierno de Alejandro Toledo y los mandatos de Alan García y Ollanta Humala. En varios de casos las empresas brasileñas investigadas por corrupción de funcionarios resultaron beneficiadas.
- Según la Contraloría, entre el 2004 y el 2015, las empresas brasileñas vinculadas al caso Lava Jato participaron en 51 grandes proyectos en el Perú, los cuales dejaron perjuicios económicos al Estado por unos 319 millones de dólares.
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