La empresa peruana Graña y Montero (GyM) realizó el martes, tal como lo había anunciado, la Junta Extraordinaria de Accionistas para abordar la grave crisis reputacional que atraviesa tras las acusaciones de que conocían sobre los pagos de sobornos de su socia Odebrecht.
El impacto que las imputaciones de Jorge Barata, exdirector de la constructora brasileña en el Perú, ha tenido en el mercado ha sido fuerte y obligó a GyM a iniciar dos procesos paralelos: uno de desinversión y otro de reorganización gerencial, que incluyó la renuncia de su plana mayor.
El efecto inicial de estas medidas en los mercados bursátiles fue positiva. Las acciones del grupo peruano rebotaron tras dos días en rojo. Así, en la bolsa de Lima, donde habían acumulado una caída de 50.6% el viernes y lunes, recortaron sus pérdidas y subieron16.6% el martes y en Nueva York, el repunte fue de 18.9%.
Además, ante sus accionistas, los directivos de Graña y Montero reiteraron que ninguno de sus ejecutivos está involucrado en actos de corrupción y expresaron su disposición a demostrar con pruebas su inocencia frente a las acusaciones.
En principio, en la junta extraordinaria en mención se tomaron dos decisiones con el objetivo a atemperar la crisis: I) abrir sus libros contable a los inversionistas y II) someterlos a una auditoría externa.
El objetivo es que terceros puedan analizar y comprobar si efectivamente hay algo que preocupa sobre posibles eventos de corrupción, según explicó la empresa en un comunicado, en el que anuncian que esta decisión además ya fue comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
"Para asegurar la transparencia de la información y la mayor rigurosidad de los Estados Financieros Auditados, (los directivos de GyM) han solicitado a los auditores externos que culminen los procedimientos adicionales que sean necesarios para verificar que no existe ninguna posible contingencia o impacto que pueda afectar los mismos".
¿Será suficiente para tranquilizar al mercado?
Las cuatro AFP que operan en el Perú y que tienen invertidos poco más de S/1.300 millones del fondo de pensiones que administran de sus afiliados en acciones de Graña y Montero, exigieron medidas concretas e información clara a la empresa peruana.
“Es muy pronto para decir si (las medidas anunciadas) nos deja tranquilos. Creo que reduce un poquito la incertidumbre, pero somos conscientes de que vienen meses duros”, dijo Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, quien participó en la junta de accionistas.
Agregó que aún queda mucho camino para que la compañía pueda recuperar la confianza del mercado, en lo que coinciden varios analistas, que sostienen que el escándalo de Odebrecht ha puesto en duda el valor futuro de la GyM, amenazada no solo por riesgos reputacionales, sino también por temas financieros y legales.
Es decir, la incertidumbre sobre la sostenibilidad a mediano y largo plazo de la empresa, cuya utilidad neta cayó 89% en el 2016, persiste. "El precio actual de la acción refleja mucho miedo. El mercado quiere saber qué va a pasar", comentó un analista de mercado a SemanaEconómica.
Por su lado, el economista Carlos Anderson dijo a Lamula.pe que Graña y Montero "está actuando en respuesta a una presión", y sostuvo que le medidas adoptadas hasta ahora son positivas, esta empresa "tiene que hacer un mea culpa" y no solo enfocarse "en las obligaciones fiduciarias con sus accionistas".
"Lo que tienen que hacer es abrir sus libros y someterse a las investigaciones de la Fiscalía. Eso le va a devolver credibilidad. Es una tremenda oportunidad porque necesitamos capitalistas que crean en la competencia", explicó.
Lee también:
"Todos somos Graña y Montero": El lema de los trabajadores de la compañía
¿Qué harán las AFP ante el desplome sostenido de las acciones de Graña y Montero?
El efecto Odebrecht: Graña y Montero cambia parte de su directorio
Seis firmas de Bolsa de Nueva York abren investigación contra Graña y Montero
