Desde que el pasado viernes 24, el semanario Hildebrandt en sus trece revelara que Graña y Montero (GyM) tenía conocimiento de que Odebrecht sobornó al expresidente Alejandro Toledo, a cambio de la concesión de un tramo de la carretera Interoceánica, dicha corporación peruana ha comenzado una caída libre.
Primero, tuvo una caída tanto en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), como en la de Nueva York (NYSE, siglas en inglés). En ambos casos, sus acciones cayeron más de 30%. Producto de esto, el Ministerio Público intervino su sede ese mismo día, con el objetivo de encontrar documentación referida al caso.
De inmediato, la firma Goldberg Law PC anunció que iniciaría acciones legales contra GyM, debido a que la caída de sus acciones en la NYSE había perjudicado a varios inversionistas, a los que convocó a unirse en una "acción colectiva" contra esta corporación.
Hoy, cinco de estos inversionistas se han sumado a esta acción colectiva iniciada por Goldberg Law PC: Rosen Law Firm; Brostein, Gewirtz & Grossman LLC; Glancy Prongay & Murray LLP, Khang & Khang LLP y Levi & Korsinsky, LLP.
Dicha investigación pretende llegar a acciones legales para que aquellas firmas que han invertido en GyM "puedan recuperar las pérdidas que han sufrido en las últimas semanas".
CADA VEZ MENOS ACCIONISTAS
A esto se agrega que, en la jornada del lunes 27, GyM experimentó una nueva caída en la BVL, que esta vez fue de 27%, con lo que la tendencia negativa continúa.
Al respecto, Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, dijo al diario Gestión que producto de estos acontecimientos, el valor de GyM ha pasado de 1,100 millones de dólares a 400 millones.
Arispe añadió que la situación de GyM "está en jaque", puesto que menos accionistas quieren invertir en la compañía; y por ahora hay más ventas de acciones que compras de las mismas.
El martes 28 de febrero, la Junta de Accionistas se reunirá para decidir cambios en la gerencia. Sin embargo, la complicada situación de esta corporación no se resolverá con esta cita, pues es conocido que cuatro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) existentes en el país han invertido dinero de los aportantes en dicha compañía. Esta historia continuará.
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