La constructora brasileña Odebrecht entregará información financiera y contable sobre la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) -adjudicada a la empresa en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala- al titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, Reynaldo Abia, en el marco de una investigación fiscal sobre el presunto favorecimiento a la empresa en dicha licitación que incluye a la ex primera dama Nadine Heredia y más 12 personas.

Así lo informó El Comercio, tras señalar que Odebrecht estaría mostrando así su predisposición a colaborar con la pesquisa, al brindar la documentación referida, así como detalles de la participación de sus representantes en las negociaciones para la adjudicación de este proyecto valorizado en US$7.300 millones, que está bajo sospecha de corrupción, por lo que en enero el Gobierno optó por retirar la concesión al consorcio liderado por la constructora brasileña y aplicar la cláusula anticorrupción.

Entre las personas involucradas en la investigación del fiscal Abia se encuentran el ex asesor presidencial Martín Belaunde Lossio y el ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, así como otros directivos de la constructora brasileña como Rodney Rodriguez de Carvalho, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Fernando Ocampo Vazquez, Mariana Simoes, Nelson Vieira de Bulhoes y Flavio de Bento e Faria.

Asimismo, el fiscal anticorrupción también habría dispuesto citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori para declarar como testigos en este caso, así como ampliar los testimonios de los exmandatarios Ollanta Humala y Alan García.

De acuerdo a un reportaje del programa Cuarto Poder, un nuevo testigo, cuyo nombre se encuentra bajo reserva, reveló que Heredia habría guiado el proceso de licitación del Gasoducto Sur Peruano para favorecer a Odebrecht. Para lograr su cometido, según el testimonio aludido, la exprimera dama retrasó la licitación del Proyecto en el 2014, para lo cual habría contado con el apoyo del entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

En dicho reportaje quedó en evidencia cómo de las 23 empresas que participaron en la licitación, 21 se quedaron fuera de carrera por el poco tiempo que dio el Ejecutivo para presentar toda la documentación requerida. Incluso, una de las empresas descalificadas quedó fuera horas antes que se abra el concurso.

DATO

El 23 de enero pasado, el Gobierno aplicó la cláusula anticorrupción y la ejecución de la carta fianza (US$ 262 millones), tras retirarle la concesión al consorcio encabezado por la constructora brasileña e integrado por la peruana Graña y Montero y la firma española Enagás.

(Foto de cabecera: Andina)

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